En un evento jurídico se lanzó la pregunta del millón: ¿cuál es el mayor reto del estado de derecho mexicano? Inmediatamente un abogado, quien cuenta con varias décadas de experiencia en su campo de estudio, dijo sin reparo, que el reto está en el amparo fiscal ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a lo que alguien le replicó inmediatamente que el estado de derecho es mucho más que eso, además que para tener un asunto fiscal en la Corte de entrada se debía contar con la solvencia económica para soportar esos meses o años de juicio; una abogada comentó después que ahí estaban los indicadores internacionales que muestran dónde está México respecto de otros países para mejorar el estado de derecho en campos como el tiempo para crear empresas o para ejecutar contratos, pero se le preguntó si con esa información realmente se podría valorar lo que sucede en el país; al final alguien mencionó que lo que hace falta es aprovechar mucho más la tecnología, aunque más tardó en decirlo que en recibir el comentario de “eso ya está funcionando” con ejemplos como el sistema de citas, el juicio en línea, la disolución de ciertas controversias en línea, etc.
José, uno de tantos trabajadores afectados por los estragos laborales de la pandemia, decidió rentar su casa para sortear los gastos de su familia. Durante los primeros meses todo iba en orden, hasta que comenzó a dejar de recibir su renta y su inquilino no le tomaba la llamada. Fue con su abogado, quien le dijo “tienes contrato y tienes la garantía de una casa para cobrar, tú tranquilo, la ley te da la razón”. El único inconveniente es que José dependía de ese dinero para la subsistencia familiar y el proceso para recuperar su casa y cobrar el adeudo iba a tardar poco más de 3 años.
La distancia entre lo que se discutió en aquella charla de abogados y lo que le pasó a José, pero que le puede pasar a cualquier persona en diversas situaciones como un despido, un pagaré, un trámite, una denuncia, etc., muestra algunos de los principales retos para mejorar, en serio, el estado de derecho que necesita el país: la SCJN está lejos de personificar lo que pasa en cada rincón del país, el asunto de José difícilmente llegaría a esa instancia; la información disponible es insuficiente para una mejor toma de decisiones. Tan solo la admisión de la demanda tardó 7 meses y la notificación al inquilino y a su aval otros 5, debido en gran parte a fallas operativas de un sistema saturado; y, de no tomarse con mayor ambición, como en otros países ya sucede, el binomio justicia-tecnología corre el riesgo de ser en México más un cliché que una verdadera solución.
Ricardo Corona
