Uno de los principales riesgos que se ponen en la mesa cuando se discute la implementación de soluciones tecnológicas sustentadas en Inteligencia Artificial (IA) es el tratamiento de información o decisiones delicadas. Por ejemplo, en la recaudación tributaria o la impartición de justicia. Al respecto, México está pasando por una situación asimétrica. Por una parte, el Sistema de Administración Tributaria (SAT) anunció recientemente que, como parte de su Plan Maestro 2024, aprovechará el uso de IA con la finalidad de mejorar sus procesos de fiscalización, recaudación, atención al contribuyente y cumplimiento de ciertas obligaciones. Que básicamente se utilizará para que, del inmenso universo de información existente, se identifiquen y corrijan anomalías en áreas específicas y con mayor grado de vulnerabilidad. Sin duda un acierto aprovechar esas soluciones para mejorar, si se usan adecuadamente. Por su parte, el Ejecutivo Federal recientemente anunció la intención de presentar, entre otras, una iniciativa de reforma judicial que ha hecho gran eco por mencionar que los juzgadores deben ser elegidos mediante voto popular. Argumentando, además, que eso también tiene que descender a los poderes judiciales estatales. Con ello, el planteamiento es, al menos en la narrativa, que mejorarán las condiciones de justicia en todo el país y la función judicial se limpiará de “complicidades, conflictos de interés, convivencias inconfesables, corrupción y derroches de recursos”.
El SAT ya está poniendo el ejemplo de factibilidad para implementar en un gran sistema de información y decisiones sensibles, el aprovechamiento de soluciones tecnológicas para mejorar operatividad e información. Mientras que, al margen de la independencia descrita en el artículo 49 constitucional, las soluciones propuestas para la función judicial no salen de un ya conocido rincón popular. Sin embargo, su mención aviva un recordatorio de planteamientos más añejos y sustentados en evidencia documentada, para que la función judicial se ponga las pilas en mejorar para México, sin tener escuchar expresiones como “pero es que eso es local y al federal no le corresponde” porque la justicia debería ser una y la misma en cualquier rincón. ¿Qué esperarán los poderes judiciales federal y estatales para unirse en una verdadera campaña transversal por la justicia, aprovechando soluciones con IA cada vez más accesibles tal y como se ha visto en otros países? La información de calidad, esa que no nada más es estadística cuantitativa y realmente permite tomar mejores decisiones, rendir cuentas y explicar la brecha que existe entre el debido proceso en papel, la publicidad y múltiples informes, con lo que vive la ciudadanía en su día a día ¿realmente surgirá tras el voto popular de juzgadores federales y estatales?
