Hay tres razones que tiene el presidente para debilitar al poder judicial: acabar con un contrapeso, por revancha personal y por estrategia electoral. Morena y el presidente encontraron en el Poder Judicial la narrativa indispensable para mantener vivo el discurso de ser un poder lleno de privilegios y que sirve solo a conservadores y privilegiados, un poder poco transparente, ineficiente y que se percibe como muy corrupto.
Basta ver el último reporte Hallazgos 2022 de México Evalúa: de cada 100 delitos que se cometen 93 no se denuncian (cifra negra), y de los pocos que si se denuncian el 96.3% queda en la impunidad., siendo Hidalgo, Jalisco, Colima, CdMx, las entidades hasta con 99% de impunidad.
En el caso de los homicidios dolosos, la impunidad promedio en el país es del 95.7%, en feminicidios un 88.6%, en desapariciones un 96.5%. Los índices de impunidad son altísimos.
Por otro lado, hay que agregar la baja confianza que tenemos los ciudadanos en las autoridades, un 67% perciben que los jueces son corruptos, un 66% considera que en las policías municipales, estatales, ministerios públicos y fiscalías hay corrupción.
La desaparición de 13 de los 14 fidecomisos ya aprobado en la Cámara de Diputados, y que ya analiza el Senado, ojalá hiciera que la justicia funcionara mejor, pero lamentablemente no será así, independientemente de la afectación a los derechos laborales de los cerca de los más de 55 mil empleados del poder judicial.
Y este nuevo embate al Poder Judicial en realidad es una estrategia electoral, ya que el actual gobierno de López Obrador ya fracaso en la lucha contra la corrupción, al tener este sexenio hechos de corrupción tan graves como el de Segalmex, y los escándalos cercanos a la familia presidencial.
También ha fracaso en el combate a la seguridad, al ser ya el sexenio con más homicidios y desaparecidos. Ante eso, les urgía encontrar una estrategia electoral, que condene públicamente los privilegios de ministros y magistrados y que exponga la ineficiencia en la impartición de la justicia, y para eso el Poder Judicial les quedó como “anillo al dedo”.
El propósito no es ahorrar 15 mil millones de pesos, ni mejorar la impartición de la justicia, al parecer todo quedará reducido a una estrategia electoral.
