Los resultados electorales que se dieron el pasado 6 de junio, arrojaron una nueva composición en la correlación de las fuerzas políticas asentadas en territorios, entidades federativas y municipios, si en 2018 que fue la elección presidencial se hubiesen disputado las gubernaturas, el PRI y PAN estuvieran muchos más disminuidos, sin embargo, a tres años de su derrota, en esta elección intermedia con 15 gubernaturas en disputa se asume también un considerable achicamiento político y electoral al perder 11 de éstas y 19 legislaturas locales, así como también las principales plazas en el ámbito de municipios importantes que se disputaron.
Esta nueva configuración política permitirá una mejor coordinación entre ámbitos de gobierno, que en la franja estatal y municipal había resistencias políticas e incluso confrontación que se reflejaba en crisis institucional, en uno de los aspectos que más resintió la ciudadanía era en temas de seguridad, en donde las corporaciones de gobiernos opuesto a la 4T sostenían vínculos con la delincuencia organizada y operaban en favor del crimen organizado.
La recomposición sin duda será favorable, solo no hay que perder de vista que para que ello suceda, no se debe de dejar suelto el tema de la orientación ideológica de la nueva gobernanza desde un ámbito local y municipal, lo cuál sucedió en 2018, que el partido carente de liderazgo, aunado a una falta de articulación de políticas públicas y directrices legislativas acorde a la agenda de la 4T en gobiernos y congresos locales que entonces se ganaron; en esta ocasión debe ser diferente, no se debe de dejar al arbitrio de los gobernantes y legisladores una agenda legislativa y de gobierno que no corresponda a las directrices ideológicas del nuevo régimen.
No puede haber contradicciones en los gobiernos y congresos ganados, no puede haber contrastes a la forma y estilo de gobernanza del Presidente López Obrador con los que ejercerán las nuevas responsabilidades, empezando por implementar una austeridad republicana, eliminando privilegios y altos salarios de funcionarios y legisladores, suprimiendo partidas y reorientando presupuestos para robustecer la política social, por otro lado, una agenda de derechos humanos encaminada a fortalecer la aún insipiente cultura de respeto y protección a los derechos fundamentales de las personas.
Las entidades federativas que se incorporan a la 4T deben también tener en su agenda el fortalecimiento al régimen democrático, implementar mecanismos para garantizar elecciones libres e impedir el quebranto de la voluntad popular, mediante fraudes en todas sus modalidades, así como instaurar instrumentos de participación ciudadana como la revocación de mandato para que gobernadores y alcaldes se sometan a esta evaluación popular como lo hará el Presidente Andrés Manuel el próximo año; no menos importante la agenda de combate a la corrupción en lo local.
Sin duda estas transformaciones que se darán en un ámbito local irán tiñendo gradualmente la inercia de esta nueva forma de gobernar y de hacer política que es realmente el cambio de régimen político, dichos cambios se deben de reflejar en la mejoría de la calidad de vida de la población, homologando formas y estilos de gobernanza que irrumpan y erradiquen conceptos e ideas del viejo régimen en las que la clase política o gobernante se enriquecía a costa del pueblo, había la imagen del político inalcanzable, custodiado, déspota y que la gente ya apreciaba todos estos denigrantes vicios como parte de una normalidad.
Evidentemente habrá gente que se siga equivocando, habrá funcionarios y/o legisladores que incurrirán en viejas prácticas, por una falta de formación o una ambición desmedida que no logren controlar, lamentablemente es una cultura política muy arraigada que a falta de valores tienden en caer el las tentaciones del poder y del dinero, pero de eso se trata, de cambiar la mentalidad en el colectivo social, con este régimen que se resiste a morir, se echaron a perder generaciones a las que se les arrebataron oportunidades de desarrollo humano, donde se inculcan valores, ese es el gran reto de este nuevo régimen que le da un viraje sustancial al rumbo del país.
Con el nuevo mapa político se eficientizará la coordinación institucional, no se trata solo de que ya no se roben el dinero, se trata también de que haya creatividad en el gasto, no solo para dotar de infraestructura decorosa a las ciudades, centros urbanos y áreas rurales, se trata también de disminuir hasta erradicar la desigualdad social, con programas de ataque a la pobreza, erradicar la violencia en todos los ámbitos de convivencia social, de armonizar al país, de que haya oportunidades de desarrollo humano, con accesibilidad plena al ejercicio de los derechos sociales de la población.
La nueva realidad política forjará una nueva realidad social, habrá cambios inmediatos como los empezó a ver en 2018, pero también hay cambios que seguramente tardarán más tiempo por en nivel de descomposición social que dejó el régimen neoliberal que se agudizó en nuestro país con un adicional modelo de corrupción muy arraigado en todos los ámbitos de gobierno, ese es realmente el gran reto de la transformación política y social que se está consolidando, la ciudadanía ya cumplió con refrendar su confianza, falta que de la parte de los gobiernos cada vez más en esta vertiente se siga cumpliendo y no se caiga en retroceso.
