La esencia de la república es la división de poderes y la democracia, en ese concepto original de evitar la concentración del poder político en un solo hombre como en su modelo contrario a una monarquía, esas dos modalidades como formas de gobierno de diseñaron desde los tiempos de los filósofos y politólogos griegos algunos siglos antes de cristo y han transitado en la historia de la humanidad como un esquema de organización política.
En México se han experimentado ambas como forma de gobierno, solo dos episodios ambos muy breves se registraron dos imperios o monarquías el caso de Agustín de Iturbide que no duró el año (julio de 1822 a marzo de 1823) y el de Maximiliano de Habsburgo la que ha prevalecido que apenas superó tres años (1864 a 1867), por lo que la república fue instaurada formalmente en la Constitución de 1824 adoptando también la forma de Estado en una federación, de ahí a la actualidad ha prevalecido la república como forma de gobierno.
En la época del México contemporáneo, en la duración del régimen de los 70’s hasta el 2018 que fue derrocado, hubo una simulación de democracia y la división de poderes solo estaba referida en la norma constitucional, pero de facto existía una concentración de poder en un solo hombre que tenía mando sobre los otros poderes de la unión e incluso la facultad de elegir a su sucesor, así con facultades con facultades meta constitucionales que describía en constitucionalista Jorge Carpizo en su obra el “Presidencialismo mexicano”.
En ese régimen gobernado por el PRI y PAN desde el ejecutivo se impusieron en el Congreso reformas constitucionales y legales para enajenar bienes nacionales, para convertir la deuda de privados en deuda pública como el gran saqueo del FOBAPROA; una de las reformas estruendosas desde el Ejecutivo con Ernesto Zedillo en 1994 fue la de prácticamente disolver a la Suprema Corte de Justicia que en ese tiempo contaba con 26 ministro que fueron instantáneamente destituidos para conformar una nueva Corte con 11 ministros que se eligieron los primeros días de 1995, es el ejemplo más claro de concentración de poder el Presidente priista que en el ejercicio del poder ejecutivo federal, utiliza al legislativo para suprimir al judicial y designar uno nuevo a modo.
Hoy los del PRI y PAN se desgarran las vestiduras exigiendo al Presidente López Obrador esa división de poderes cuando en su época de gobiernos realmente no existía, que por cierto, gobiernos ejercidos en su mayoría por fraudes electorales; hoy la Suprema Corte ha tomado partido en la contienda política porque la mayoría de sus integrantes provienen de ese régimen del PRIAN, ya les exigieron a los ministros que paguen el favor de sus nombramientos, son quienes se han opuesto a renunciar a los privilegios económicos de ganar sueldos de más de 630 mil pesos mensuales en contra de la política de austeridad del gobierno.
Sus resoluciones tienen tintes políticos, aunque también hay que mencionar que en la última determinación de declarar la invalidez del plan B de la reforma electoral si había violaciones a los procedimientos legislativos, no deja de haber una definición de actuar en coordinación con la oposición siendo la Suprema Corte el último reducto del bloque que le pertenece institucionalmente al PRIAN porque ese poder judicial no ha sido parte de la transformación, sigue la vieja inercia de gobernanza del viejo régimen aún y cuando su función es estrictamente jurisdiccional, están haciendo política desde su ámbito.
A partir de esta realidad, el voto popular será quien determine en 2024 si se configura una mayoría en el congreso de dos terceras partes para una reforma constitucional en el sistema electoral y para el poder judicial, todo apunta que así será y habrá una Nueva Suprema Corte con Ministro electos por el voto universal.
