Después de la elección de 2018 la oposición se ha estado yendo en estrepitosa caída electoral, cada año conforme avanza el calendario electoral en diferentes entidades va perdiendo terreno, les quedan pocos reductos, estados y municipios que es cuestión de tiempo para que también sean entregados, es un panorama difícil para la oposición a la que le fueron arrebatados ya prácticamente veintidós gobiernos locales y diecisiete legislaturas, con minoría en ambas cámaras del Congreso de la Unión.
Esta realidad política los ha obligado a acuerparse entre actores y partidos, empresarios que tenían privilegios en el anterior régimen, comunicadores y dueños de medios de comunicación que se enriquecieron con aquellos gobiernos; es así como en el recuento de los daños, se dieron cuenta que aún cuentan con algunos espacios importantes para intentar contrapesar los avances de la llamada cuarta transformación.
Es así como se acuartelan en el Poder Judicial de la Federación mediante la recién ungida Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Norma Piña y el Instituto Nacional Electoral mediante su Presidente de Consejo General Lorenzo Córdova ambas instituciones tan fundamentales para la república que han demostrado que desde esos espacios de poder se han despojado de todo escrúpulo para actuar de forma burda en favor de sus intereses políticos.
El caso de la Ministra Presidenta es por demás de evidente que a partir de asumir la conducción de la Corte y del Consejo de la Judicatura federal empezó una operación política para resolver mediante jueces federales la eximición de casos emblemáticos de personajes de la clase política del viejo régimen, casos concretos como el del ex gobernador de Tamaulipas Francisco J Cabeza de Vaca que se le revoca una orden de aprehensión por delitos de enriquecimiento ilícito y vínculos con el crimen organizado, con dicha determinación judicial, de andar prófugo se pasa a hacer campaña por la candidatura presidencial o el caso de Rosario Robles por los desvíos millonarios de la estafa maestra un Juez Federal desecha el proceso.
Otro caso es el de Emilio Lozoya, ex director de Pemex, y operador financiero de la campaña de Peña Nieto detenido por sobornos millonarios de la empresa Odebrecht que en audiencia el Juez Federal desestimó una serie de probanzas relacionadas con millonarias transferencias bancarias y comprobantes de dicha compañía a Lozoya Austin en el extranjero las cuales son determinantes para acreditar el delito de lavado de dinero.
Es así como la oposición se está proponiendo hacer uso de las instituciones para que por la vía jurisdiccional se revoquen determinaciones legislativas o provenientes de la administración pública para mermar el avance de los diferentes órganos del Estado afines al Presidente López Obrador; a pesar de ello, esos reductos es cuestión de tiempo para que se vayan disminuyendo aún más, el caso del INE solo les queda el mes de marzo para que se vayan cuatro consejeros entre éstos el presidente que ha actuado más como operador político de la oposición que como árbitro imparcial, así la Suprema Corte se estarán relevando ministros hasta que queden permeados las diferentes estructuras del Estado hilvanadas en el caudal de la transformación que se está llevando a cabo en el país.
Evidentemente tiene que prevalecer legal y de facto la estructura republicana de división de poderes y los organismos constitucionalmente autónomos, pero cada ente tiene que estar despojada de todo rasgo conservador o que implique parálisis o retroceso a los cambios que requieren las instituciones acorde al modelo social, austero y humanista que se está implantando.
