La reforma a la Constitución para dar identidad y derechos a las comunidades indígenas y afromexicanas recientemente aprobada es de gran profundidad e impacto. Según cifras oficiales, en México existen 11 millones de habitantes indígenas, ubicados en 62 pueblos, y 2.6 millones de personas de ascendencia afromexicana.
De ahora en adelante, la Constitución define a las comunidades indígenas como aquellas “que forman una unidad social, económica y cultural asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus sistemas normativos”. El concepto “sistemas normativos” reemplazó al de “usos y costumbres”. Este es uno de los cambios más importantes, ya que cada comunidad tendrá que establecer su propio sistema normativo explícitamente, tomando en cuenta que no contradiga a la Constitución en ningún ámbito. Esto es muy significativo porque ya no existirá ambigüedad en el actuar de sus sociedades con base en “usos y costumbres”, y permitirá a la Federación encontrar áreas de oportunidad en sus cambios, como el de entrega de hijas menores para matrimonio. Sus sistemas normativos harán explícitos también sus sistemas de gobierno a los cuales tendrán derecho a decidir.
Un logro importante es que de ahora en adelante se reconoce a los pueblos y comunidades indígenas como “sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio”, lo que les permitirá como grupos contraer obligaciones y realizar acciones que generen responsabilidades jurídicas.
La Constitución otorga derechos también a las comunidades. En particular, y de manera muy importante, garantiza a las mujeres indígenas condiciones de igualdad en accesos a educación, propiedad y participación en decisiones públicas.
Asimismo, la Constitución definirá a los pueblos y comunidades afromexicanas como los integrados por “descendientes de personas originarias del continente africano”, a quienes se les otorgan derechos similares a los de los pueblos indígenas.
La reforma implica un proceso de organización social de cada comunidad indígena y afromexicana, para definir sus normatividades internas a partir de las cuales se rijan de manera explícita, que no contradigan algún precepto constitucional.
La reforma implica un proceso de organización social de cada comunidad indígena y afromexicana, para definir sus normatividades internas a partir de las cuales se rijan de manera explícita, que no contradigan algún precepto constitucional.
