A golpe de realidad, la decepción se apodera de quienes creímos que el combate a la corrupción venía en serio, que muy pronto brincaría del discurso electoral a los hechos; que las escaleras de la nación serían barridas de arriba para abajo y que no se perdonaría esta conducta que tanto ha frenado nuestro desarrollo como nación.
En lugar de ello, nos topamos con una enorme fila de funcionarios sorprendidos acumulando riqueza y propiedades. Desde Manuel Bartlett e Irma Eréndira Sandoval; los hermanos del Presidente recibiendo efectivo de manera ilegal; los hijos de López Obrador caminando en contra del discurso ideológico de rechazar la ostentación y la aspiración materialista.
Creímos que Emilio Lozoya y sus superiores pagarían por el caso Odebrecht y que vendría el deslinde de responsabilidades por la estafa maestra, incluso que veríamos a Enrique Peña Nieto en prisión y ¿qué ocurrió a cambio? Se politizó la impartición de la justicia y se usaron ambos casos para cobrar venganzas personales desde el poder. Otra muestra de la simulación fue la peligrosa aventura de cancelar la mega obra aeroportuaria en Texcoco, so pretexto de presunta corrupción, que hasta hoy no se ha comprobado ni perseguido.
Transitamos así hacia la segunda mitad del sexenio que llegó con la bandera anticorrupción y lejos de verla extinguirse, la vemos robustecida. Un número importante de irregularidades administrativas en Fonatur, ese que encabezó Rogelio Jiménez Pons, denunciadas bajo ‘fuego amigo’ por el actual titular del organismo encargado de la construcción del Tren Maya, Javier May. Otro pez gordo, el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, bajo investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera, por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita y evasión de impuestos, por 400 millones de pesos.
Otro ejemplo de la corrupción que se dijo no sería igual que en otras administraciones, es el nepotismo, sigue igual o incluso peor. Al menos cuatro sobrinos del Presidente se han beneficiado con buenos cargos dentro de la administración pública. Son siete los familiares de la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, trabajando en el gobierno federal. El director de Pemex, Octavio Romero Oropeza tiene en la nómina de la empresa también a primos y sobrinos.
El último gran escándalo, Carmelina Esquer, hija de Alejandro Esquer, secretario particular del Presidente, quien, sin experiencia en el ramo, fue designada en 2019 directora de una filial de Pemex en Houston, donde por cierto, se compró una casa valuada en 400 mil dólares.
Ante tantos escándalos, la respuesta en Palacio Nacional sigue siendo la defensa a ultranza de sus protegidos y la denostación de quienes los señalamos.
No hay mayor solapador que el Presidente de la República. En ningún caso acepta la opacidad ni los excesos de su régimen, mientras sostiene que tiene “autoridad moral” para agitar su pañuelo y decretar el fin de la corrupción.Qué lejos aquello de ‘no voy a meter las manos al fuego por nadie’.
@ramirezpaco
