Las reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones es un tema que cobró vigencia en los primeros años del nuevo milenio, en 2004; fue en 2017 cuando se reactivó en la Cámara de Diputados.
La polémica que involucra a los empresarios de la industria de la radio y la televisión, los operadores de los medios públicos y estudiosos, terminó en una controversia en la SCJN y fue la Primera Sala en la Corte la que emitió una sentencia el pasado 19 de enero. Para la Cámara de Industria de la Radio y la Televisión (CIRT), la resolución de la Suprema Corte sobre los contenidos es un ataque a la libertad de expresión.
La sentencia de la Corte ordena que en cualquier contenido de las estaciones de radio y televisión del país se deba diferenciar entre “información noticiosa” y “la opinión de quien la comunica”.
De acuerdo con reportes de los propios medios, la sentencia de la Primer Sala de la Suprema Corte del 19 de enero de 2022 ordena que en cualquier contenido de las estaciones de radio y televisión del país se deba diferenciar entre información noticiosa y la opinión de quien la comunica.
Es un ataque directo e inusitado a la libertad de expresión en México, consideró la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, y subrayó que “se trata de una obligación de imposible cumplimiento en la realidad y que va en contra del más elemental sentido común”.
La libertad de expresión de los medios de comunicación y de sus comunicadores es la que les permite entreverar noticia y opinión, precisa la CIRT.
“Decidir la agilidad con la que se hace uso la comunicación; el derecho a la libertad editorial y el momento y la forma en que se utiliza. Es absurdo que desde el Estado se pretenda someter a la radio y la televisión a controles y sanciones burocráticas, que rompan con el flujo y el ritmo de la comunicación”, explicó en un comunicado.
La Cámara agregó que con esta sentencia se corre el riesgo inminente de que sean cancelados la mayor parte de los programas noticiosos y se eliminen aquellas notas informativas en que terceros no distinguen entre información y opinión.
Es un retroceso en la libertad de información y de expresión; probablemente el más grave de los últimos 45 años, por lo que se tomarán medidas legales para continuar ofreciendo contenidos y que no sean censurados, reclama la CIRT.
Pablo Ruiz
