En el plano de la reactivación económica para recuperar lo perdido por la pandemia de covid-19, tanto trabajadores como empresas de la cadena productiva automotriz no tienen aliados.
Dos amenazas acosan a los trabajadores automotrices y a los productores de autos de la armadora Volkswagen. Primero, deben lidiar con el fantasma de una recesión económica en EU, el principal mercado de exportación para Norteamérica.
En segundo plano está el estancamiento del crecimiento económico en el país y el estado, con una caída importante del PIB nacional y estatal.
Le sigue, en tercer lugar, la decisión del gobierno federal en la era de la “Cuarta Transformación”, de legalizar la chatarra de autos que han ingresado de manera ilegal a México por la frontera norte.
La regularización de autos “chuecos” es una medida populista con fines electorales, una medida populista, como ocurrió en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari con el programa social “Solidaridad”, conocido en este gobierno como “Bienestar”, genéticamente iguales.
Esta última decisión afecta la cadena automotriz de las fábricas de autos, los distribuidores y la comercialización en el mercado interno, lo ha advertido recientemente el presidente de la Cancintra, Luis Rueda Espinosa.
Y es en este contexto en que los directivos de la firma alemana VW en México tienen que encarar la negociación salarial y contractual con el sindicato independiente de trabajadores, el Sitiavw.
En uno de los episodios de la crisis económica de 2008, Agustín Carstens, entonces secretario de Hacienda, mencionó que “si Estados Unidos tiene catarro, México pulmonía”, y sí, las repercusiones de la economía del país del norte afectó a la industria automotriz.
Este cóctel de elementos y circunstancias no ponen contra la pared ni al sindicato de trabajadores, ni a los empresarios de la transnacional; solo dificulta los márgenes de negociación anual, donde finalmente deben ganar ambas partes, aunque no necesariamente se refleje en los puntos porcentuales del aumento salarial.
Están en curso las negociaciones bilaterales con la exigencia indical del incremento directo al salario de 15.7 por ciento, y el emplazamiento a huelga vence el 18 de agosto a las 11:00 horas.
