Solo con la mediación política de personajes de la Cuarta Transformación fue posible el encuentro entre el alcalde de Tecamachalco, Ignacio Mier Bauñuelos, y el gobierno estatal.
Fue la propia Ana Hill Mayoral la responsable de la revelar que el edil morenista había viajado a Ciudad de México, y la misma funcionaria informó de la reunión, el mismo día, con el munícipe.
Interesado o no, la versión periodística de algunos medios de comunicación respecto al paradero del presidente municipal fue adjetivada como una “huida” de Mier Bañuelos.
No se sabía entonces, como se conoció después durante la audiencia en la Casa de Justicia, que las pruebas aportadas por la Fiscalía General del Estado se centraban en la presunta responsabilidad del ex secretario de Seguridad, su escolta y una mujer policía, como autores del multihomicidio.
De acuerdo con los resultados de las primeras indagatorias entregadas al juez de control, éste calificó como legal la detención de Alejandro “N”, de su escolta Hipólito “N” y de la policía municipal Jaquelin “N”, procediendo a determinar prisión preventiva oficio y falta audiencia para saber si son vinculados a proceso.
Hasta donde se sabe sobre las indagatorias, no existe un señalamiento de responsabilidad intelectual o material del alcalde Mier Bañuelos, por lo que calificar su ausencia como una huida responde a la carga de politizar un asunto tan delicado en manos de la Fiscalía.
El alcalde morenista será el indicado para aclarar por qué se ausentó del municipio y en particular de su cargo como presidente municipal, y la primera versión que trascendió es que viajó a la capital del país para pedir la presencia de la Guardia Nacional, la cual ayude a “reforzar la seguridad” en ese lugar.
Antes de estar “ilocalizable”, Mier junior había solicitado que el gobierno estatal se hiciera cargo de la seguridad púbica municipal, petición, respondió el estado, que nunca se hizo por los canales oficiales.
Él o cualquier otra autoridad o ciudadano están en su derecho de tomar providencias para su preservar su libertad y defensa legal, son beneficios consagrados en la carta magna y no debe ser condenado por eso.
Pablo Ruiz Meza
