No existe propiamente una tregua de los “activistas” contra el Gasoducto Morelos con el gobierno, pero como si la hubiera.
Posterior a las reuniones encabezadas por Hilario Alonso –defensor también del detenido cacique sindical Israel Pechaco Velázquez- con la Secretaría General de Gobierno lo mínimo que lograron fue “congelar” la cumplimentación de otras órdenes de aprehensión.
La anunciada reaparición –al estilo sub comandante Marcos (Galeano) – del investigador de la UAP, Ricardo Pérez Avilés, es resultado de esa tregua acordada con el gobierno, con la mediación del rector de la Universidad Iberoamericana, Fernando Fernández Font.
Con más respaldo mediático que el social, Alonso y la diputada federal perredista Roxana Luna es lo que obtuvieron.
Sin fuerza política ni social se plantaron frente a los negociadores de la SGG y pretendieron imponer condiciones: suspender la obra del gasoducto y liberar a los activistas detenidos.
La suspensión de la obra, respondieron los funcionarios públicos, depende del gobierno federal a través de la Comisión Federal de Electricidad y no de la administración estatal.
Respecto a la libertad de los detenidos Enedina Rosas Vélez, Abraham Cordero Calderón y Juan Carlos Flores Solís, los procesos judiciales seguirán su curso en los juzgados del Tribunal Superior de Justicia y federales del Poder Judicial.
Se espera en septiembre próximo concluya la obra de la red transportadora de gas metano como lo ha planeado el gobierno federal antes de esa fecha se estableció como imposible concluya el proceso judicial contra los detenidos.
Los “acuerdos logrados” en la mesa de “negociación” es lo que les alcanzó con el pingüe plantón fuera de la Secretaría de Gobernación federal, en la capital del país. Esa es la fuerza real del “movimiento”.
