Solo en el partido Morena y sus gobiernos se pueden observar las pugnas de barandilla; se pudo ver entre el titular de la FGR y el despacho de abogados ligados al ex consejero jurídico, Julio Scherer.
Puebla, en la era de la Cuarta Transformación, no es la excepción.
Ignacio Mier Velazco, líder de la Cámara de Diputados y de la bancada de Morena, presentó una denuncia en la Fiscalía General de la República contra el gobernador, un senador, el fiscal General del Estado y contra un ex titular de la UIF.
Un litigio de esta naturaleza, de un líder cameral, es un hecho inédito en la historia contemporánea de la política poblana.
Han sido comunes denuncias de gobiernos entrantes contra funcionarios públicos salientes, incluso del propio partido, como ocurría en el PRI, por lo general acusados de actos de corrupción.
Empero, los litigios han escalado en la era de la 4T -que ironía- e iniciaron en marzo de 2019 cuando el senador Alejandro Armenta Mier acudió a la Sala Superior del Tepjf para impugnar la designación de Miguel Barbosa como candidato en la elección extraordinaria de 2019.
El Pleno de la Sala del Tepjf resolvió entonces que no procedía la demanda de Armenta, porque no se había agitado la instancia interna del partido Morena, en referencia a la Comisión de Honestidad y Justicia.
Pero en abril de ese año vino el contrataque a través del suplente del senador Ricardo Monreal Ávila, identificado como Alejandro Rojas Díaz Durán.
Rojas presentó una denuncia ante la FGR contra el entonces candidato por los presuntos delitos de lavado de dinero, evasión fiscal, compra fraudulenta inmobiliaria y enriquecimiento ilícito, en plena campaña de comicios extraordinarios.
Barbosa calificó entonces el hecho como una “traición” en su contra, parte de la “guerra sucia” de sus propios correligionarios y acusó a Rojas Díaz Durán de ser cómplice de Armenta Mier.
La pugna se reedita en Morena, de cara a la sucesión gubernamental, ahora con otros actores: con Mier Velazco en el protagonismo, para desviar la atención de una indagatoria judicial en su contra por actividades financieras ilícitas, y negociar con sus aspiraciones para 2024.
Pablo Ruiz Meza
