El ganador de la consulta popular del 1 de agosto fue el Instituto Nacional Electoral (INE), un organismo ciudadano que demostró imparcialidad y eficiencia como lo manifestó el pasado 6 de junio.
Nuevamente, como ocurrió en las pasadas elecciones concurrentes más grandes de la historia, el INE enfrentó la embestida de dirigentes y gobernantes de la Cuarta Transformación.
La capacidad de organización, certeza técnica y jurídica reposicionan al INE como un organismo electoral confiable, patrimonio de los mexicanos para la preservación de la democracia electoral.
Siempre es perfectible la legislación electoral y la mejora en los procedimientos electorales, incluido el financiamiento, pero es una institución respetable que debe protegerse de las tentaciones autoritarias para el regreso al pasado, cuando se les caía en sistema.
Se ha dicho una y otra vez que los procesos electorales seguirán siendo costosos para el erario, en la medida de que la democracia se encarece porque los actores políticos no han aprendido el juego limpio de la democracia electoral.
El INE no es el consejero presidente Lorenzo Córdova, Ciro Murayama o cualquiera otro de los otros consejeros ciudadanos, como lo han querido hacer creer para minar la credibilidad del organismo electoral de los mexicanos.
Es tan importante el INE como la figura de la consulta popular; la diferencia radica en la intencionalidad política y uso con diferentes fines, incluido el distractor maniqueo y perverso.
Posterior a la administración exitosa de las elecciones concurrentes del 6 de junio y a la consulta popular del 1 de agosto, el organismo cuenta con toda la credibilidad para realizar el 21 de marzo de 2022 la consulta de revocación de mandato, promovida por el titular del Ejecutivo federal.
Respecto a los resultados de la consulta popular relacionada con los ex presidentes de México, ya se ha dicho mucho, solo habría que agregar que de los 30 millones de votos obtenidos en 2018, esa cifra disminuyó a 16 millones el 6 de junio de 2021 y el 1 de de agosto cayeron a poco más de 7 millones.
Si Morena o el gobierno de la 4T no atiende esa caída escalonada de apoyo en las urnas, ésta última que impide sea vinculante la consulta, y ahora con el show circense de la “comisión de la verdad” (de güeva nacional), mejor que rompa el pacto y lo o los denuncie ante la FGR, es de ley.
Pablo Ruiz
