La entrega pasada dije que para evitar el fallo moral, la autoridad debería buscar el siguiente resultado: “a) recuperar la paz social garantizando la convivencia pacífica y armónica, sin violentar los DDHH; b) inhibir las conductas violentas que terminan en actos criminales, sin violentar las garantías individuales, asegurando en todo momento el respeto a la dignidad de quien pueda resultar afectado”.
En su libro Dilema moral, serie I, REPhinisee propone un método de seis etapas que puede ayudarnos en este caso: 1) definir el dilema moral y determinar el resultado ideal; 2) identificar las alternativas consideradas como únicas y distintas entre sí; 3) evaluar las posibles alternativas a la luz de los pros y contras de los resultados posibles; 4) comparar las alternativas y determinar cuál está más cerca del resultado ideal y más lejos del fallo moral; 5) elegir la opción que pueda llevarse a la realidad, independientemente del resultado ideal o sentido de moralidad; y, 6) evaluar la consistencia moral contrastando los resultados deseados con el sentido propio de moralidad.
Entre alternativas destacan: esperar a que las protestas se calmen y la atención pública se enfoque en otro problema; solicitar la intervención de la Suprema Corte; sumarse a las protestas ciudadanas; pedir la intervención de una autoridad con mayor rango; realizar una consulta ciudadana; impedir mediante la fuerza pública nuevas protestas; organizar jornadas educativas para promover la cultura de la paz; detener a personas potencialmente violentas.
Al analizar pros y contras de cada alternativa vemos que esperar a que todo se calme no trae consigo la armonía social, ni inhibe las conductas violentas. La intervención de la Suprema Corte y la consulta ciudadana son parcialmente consistentes con el resultado ideal, pero en lo inmediato no se recupera la paz y estabilidad social, ni se evitan los comportamientos violentos. Sumarse a las protestas, usar a la fuerza pública para evitar manifestaciones o capturar a los violentos en potencia, de inmediato conduce al fallo moral. Organizar una jornada educativa atempera el ánimo social, abre la oportunidad de generar una propuesta sistemática respetuosa de la dignidad y los DDHH, pero no frena de inmediato la violencia. ¿Cuál elegir?
En orden de factibilidad, tres alternativas destacan por su consistencia moral, ya que son realistas y se alinean a la moral mínima del buen gobierno. Así, lo recomendable sería: organizar jornadas educativas, pedir la intervención de la Corte y realizar una nueva consulta ciudadana.
La solución, seguramente, no complacerá a todos los afectados, pero al evitar al fallo moral, al menos, se encuentra más próxima a lo justo.
