Buscando revertir los efectos de algunas prácticas culturales aberrantes, como los matrimonios forzados, el trabajo o la prostitución infantil, desde hace más de dos décadas la Unicef y otros organismos dedicados a la defensa de los derechos de la infancia, han promovido el principio de autonomía progresiva, el cual podemos entender como la capacidad de los niños, niñas y adolescentes para tomar algunas decisiones que, de manera gradual, les permita “ejercer sus derechos en la medida que se desarrollan mental y físicamente”. El derecho a ser escuchado, disfrutar del bienestar y la protección, son solo algunas de las prerrogativas que caben dentro de este principio.
Traigo a cuento este tema de la autonomía progresiva, porque esta semana tuve la oportunidad de escuchar un panel –convocado por la senadora Olga Sánchez Cordero–, en el que mi amiga Carola Gómez fue ponente, y en el que se discutió la necesidad de incorporar esta noción a los contenidos de educación sexual que se abordan en el currículum de educación básica.
Visto lo visto, de nuevo, llegamos tarde. La diversidad de formas en que desde muy temprana edad se comienza a expresar la sexualidad, el incremento de embarazos no deseados, los abusos y violaciones, las enfermedades venéreas, los derechos negados y proyectos de vida truncados, son tan solo unos de los muchos males que nos dejó el haber tratado la sexualidad como tabú.
El que está claro: educar en la sexualidad desde un enfoque integral.
El problema vendrá al momento de relacionar sexualidad con autonomía. Sobre dicha tensión, y moralina que le rodea, hablaré en otra entrega.
Pablo Ayala