Desde hace poco más de 15 años, las protestas de los grupos opositores más radicales se han vuelto cada vez más violentas. Paradójicamente, esta escalada se comenzó a agudizar con el triunfo de la derecha y Vicente Fox en 2000 y la llegada de la alternancia en la Presidencia de la República, y se ha recrudecido con el regreso a Los Pinos del PRI, con Enrique Peña Nieto.
Esta violencia es inaceptable en la democracia, al igual que la que ejerce el Estado mexicano para enfrentarla, pues echa por la borda los esfuerzos de más de tres décadas por construir una sociedad más democrática, tolerante, incluyente y justa que arrancaron con el movimiento estudiantil de 1968 y tomaron nuevos bríos con el surgimiento del CEU en 1986, la ruptura del PRI y el neocardenismo en 1988, y que algunos frutos dieron años después.
Las manifestaciones violentas se desbocaron desde la paralización de la UNAM por un lumpenizado y destructivo Consejo General de Huelga en 1999-2000, las protestas de los macheteros de San Salvador Atenco contra el nuevo aeropuerto del DF, la larguísima toma de la capital de Oaxaca por la sección 22 del SNTE en 2006 y los actos vandálicos en la Ciudad de México el 1 de diciembre de 2012 que dieron la bienvenida a la nueva administración priista, hasta llegar a las recientes protestas violentas de la CNTE en Chiapas, Michoacán, Oaxaca y Guerrero contra la reforma del sector, a las que se suman e intercalan todas las agresiones provocadas por los autodenominados anarquistas, y muy destacadamente la del 20 de noviembre de 2014 en el Zócalo capitalino en la multitudinaria manifestación por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala.
Actos todos ellos de violencia y provocación que algunos pretenden justificar llamándoles eufemísticamente "protestas radicales", las cuales se agravaron y provocaron un mayor clima de enrarecimiento por acciones de reprensión gubernamental marcadas por el uso excesivo de la fuerza pública a manos de cuerpos policiacos mal dirigidos, peor entrenados y desconocedores de los protocolos de respeto a los derechos humanos.
Sin duda hay motivos, y muchos, para protestar y oponerse al régimen político que sigue gobernando México, y que tras la alternancia le sigue escamoteando a los mexicanos sus promesas de bienestar, equidad, justicia social, respeto a los derechos humanos, más apertura política, honestidad y eficiencia en el ejercicio de gobierno y combate al crimen y la corrupción; pero en la lucha por el cambio social, económico y político no hay excusa que valga para justificar la violencia como método; ni siquiera el alzado en armas Ejército Zapatista de Liberación Nacional pudo seguir esa ruta y renunció a ella casi de inmediato.
México no es todavía el país que anhelamos; millones de pobres y marginados, miles de víctimas del crimen, bandas de narcotraficantes, centenares de muertos, delincuentes impunes y funcionarios corruptos de todos los partidos nos lo recuerdan todos los días. Pero en casi medio siglo ha avanzado en la lucha contra la impunidad absoluta, el fraude electoral, la intolerancia, la opacidad total y la discriminación.
El cambio no puede ser impulsado por el aliento de la violencia y su justificación, venga de donde venga. Todos los actores políticos y sociales deben rechazarla, no hacerlo es ser autores y cómplices de la descomposición y la injusticia que deben ser erradicadas.
