La muerte de Rubén Espinosa Becerril, fotorreportero y corresponsal en Veracruz de la agencia Cuartoscuro, representa más que un llamado de atención sobre el peligro que enfrentan cientos de periodistas en gran parte de los estados ante el actuar represivo y criminal con que se conducen gobernadores y presidentes municipales.
Espinosa Becerril fue hallado muerto a balazos, con signos de tortura, junto a los cuerpos de cuatro personas maniatadas y víctimas de la misma saña en un departamento de la colonia Narvarte, en la Ciudad de México.
Frente a la persecución que viven los periodistas y medios confrontados con distintos niveles de autoridad en Veracruz, Espinosa se “autoexilió” en el DF hace unas semanas, tras múltiples amenazas ante su activismo contra el gobierno de Javier Duarte por la muerte de 11 informadores veracruzanos.
El fotorreportero fue golpeado brutalmente en septiembre de 2013 durante un desalojo de activistas de la CNTE. La policía lo sometió y obligó a borrar las imágenes que documentaban la violencia excesiva por parte de los agentes veracruzanos.
Su última actividad fue el 9 de junio en la Plaza Lerdo, de Xalapa, donde se colocó una placa para renombrar el sitio como Plaza Regina Martínez, periodista local asesinada en abril de 2012.
La organización Artículo 19, a petición de la familia de Espinosa, emitió el jueves pasado una alerta por su desaparición y como seguimiento a las amenazas contra el fotógrafo.
Con este caso ya son 209 agresiones contra periodistas en México en dos años, del 1 diciembre de 2012 a diciembre de 2014, según el portal de Periodistas en Riesgo.
La situación de violencia que viven periodistas y medios muestra la mala calidad de la democracia mexicana. El homicidio de Espinosa debe ser una señal de alerta máxima para el gobierno federal y el presidente Enrique Peña Nieto, pues quiere decir que la persecución y muerte de periodistas llegó a la capital del país.
Las agresiones contra periodistas deben ser atendidas como asunto de Estado, no solo con comisiones y fiscalías de ornato, sino con acciones que castiguen a gobernadores y alcaldes que las permitan o alienten. Lo contrario será complicidad por omisión.
