¿Por qué las personas que no tienen hijos pagan impuestos con los que se financia, entre otras prestaciones del Estado, la educación básica? Por una razón muy simple: la educación es un derecho humano y su pleno ejercicio está en el interés de toda la ciudadanía, independientemente de que sean o no padres de familia. En el mismo sentido es en favor de todos que esa educación genere competencias para la inclusión social, es decir, que haga posibles nuestras interacciones como personas en un marco de salud y respeto. Y justamente por eso es el Estado, apoyándose en expertos en pedagogía y otras ciencias, el que determina cuáles son los contenidos que se deben estudiar en cada grado escolar, teniendo siempre en el horizonte lo que la Corte denomina “el interés superior del menor”. Pero parece que los diputados de Nuevo León no lo entienden así, puesto que mañana llevarán a votación en el pleno la iniciativa denominada Pin Parental.
Algunos de nuestros legisladores consideran que son los padres de familia los únicos que deben poder determinar a qué contenidos escolares tienen acceso sus hijas e hijos. Evidentemente no buscan dar gusto al Club de Opositores a la Enseñanza de las Fracciones ni a la Cofradía de Cuestionadores de la Tabla Periódica. Pero sí a un grupo igual de absurdo al que le incomoda que se les diga a niñas y niños que tienen órganos sexuales, cómo se llaman, cómo funcionan y que no por ser biológicamente diferentes dejan de asistirles los mismos derechos. Que si son mujeres pueden o no optar por la maternidad; que si les gusta alguien de su mismo sexo es perfectamente normal, y que lo que no es aceptable es que un adulto les haga tocamientos íntimos.
Las y los legisladores de Nuevo León pertenecen a una generación que gozó de educación sexual apegada a los cánones científicos. Negársela a las presentes generaciones es un despojo. Voten en contra. Rechacen este absurdo.
Politóloga*[email protected]
