Sabía el presidente de la república que, al no contar con la incondicionalidad del mando de la Suprema Corte, hacia el final de su sexenio podrían complicársele muchas cosas. Esperaba que el ministro Arturo Zaldívar, con quien a pesar de su origen calderonista le mostró empatía, continuara con una amañada extensión en la conducción del Poder Judicial, pero le falló el cálculo y a fin de cuentas ni el propio ministro se sentía cómodo con la propuesta a todas luces ilegal. De ahí que luego se empeñara con empoderar más a Yasmín Esquivel, su aliada natural y esposa de su amigo y constructor predilecto, lo cual tampoco funcionó, especialmente porque un mes antes de votarse la sucesión en la Corte, sobrevino el inesperado descubrimiento de las irregularidades académicas y de titulación de la ministra, a las que se han venido sumando otras más que prácticamente han provocado su total y al parecer irreparable descrédito. Creyó que la opción restante de alguna manera le fuera menos contraria y de ahí que hasta la misma Yasmín votó a favor de la jurista Norma Lucía Piña para ocupar la presidencia de la SCJN. Mal para AMLO, Piña desde el primer mensaje se encargó de dejar asentado que habría total autonomía e independencia en las decisiones de la Corte Suprema, y vaya que lo está demostrando.
La relación no ha sido nada tersa ni mucho menos respetuosa de parte del presidente López Obrador. Cuanto improperio se le ha venido a la mente ha pronunciado en contra de la judicatura en su conjunto y especialmente de Piña y sus ministros, excepción hecha claro de la señora Yasmín, a quien defiende en lo que puede por lo de sus presuntos plagios de tesis y desvía atención a los señalamientos en su contra. Pero tiene presente que incluso sus cuatro ministros por él propuestos (La extitular del SAT Margarita Ríos Farjat, Juan Luis González Alcántara, Loretta Ortiz y la propia Yasmín), podrían no sentirse totalmente comprometidos ante algunas de las propuestas presidenciales. Tan es así que en alguna ocasión dos de ellos fueron casi considerados como traidores a algunos de los postulados del presidente. Sin embargo, hoy las cosas y la toma de determinaciones en la Corte podrían marcar el rumbo definitivo de la república, sometiendo a los ministros a la más dura prueba de la verticalidad requerida para el análisis y decisión de constitucionalidad de las reformas electorales realizadas y conocidas como “Plan B”.
Se ha valido López Obrador de temas que ciertamente le han enojado en forma superlativa en los días recientes, como las decisiones por parte de jueces (que en forma tan alevosa e ilegal ha acusado con nombre y apellidos), con respecto a que la esposa de Genaro García Luna vea descongeladas sus cuentas bancarias y que, por otra parte, se haya dispuesto liberar de culpa y anular la orden de aprehensión que pesaba sobre el exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Estos reveses al presidente desataron una lluvia de insultos, acusaciones de corrupción de los jueces y fuerte señalamiento al Consejo de la Judicatura Federal al que llamó simple florero y que también es encabezado por la ministra Piña.
Las expresiones presidenciales han subido de tono, ha dicho desde sus mañaneras que se vive la decadencia del Poder Judicial “que viene del antiguo régimen, plagado de corrupción” y, lo peor, manifestando que desde que Piña asumió la presidencia e la Corte, se ha venido “una ola de resoluciones a favor de los delincuentes”. Todo esto, cabe suponer, es utilizado no solamente para fustigar las decisiones judiciales correspondientes sino, de manera oportuna, para tratar de presionar al máximo órgano colegiado de la justicia mexicana para que se pronuncie favor de la constitucionalidad de su reforma electoral que sigue siendo severamente impugnada y cuestionada no sólo en el campo jurídico sino en grandes sectores de la sociedad mexicana. Y es que, en efecto, tendrán que desnudar su verdadera naturaleza los ministros en los próximos días o semanas cuando tengan que decidirlo. Ahí se sabrá a qué grado habrá incondicionalidad y sometimiento de algunos de ellos al presidente. Y quizá haya algunas sorpresas. Lo grave es que de ahí dependerá el curso que siga el INE hacia el futuro, sobre todo en la siguiente sucesión presidencial.
El enfrentamiento entre los poderes es un hecho. Sea como sea, habrá que considerar los daños colaterales, poniendo en juego las intenciones hegemónicas del Ejecutivo y, por otro lado, la credibilidad misma de la institución judicial, de por sí dañada ya en su imagen por los impunes ataques presidenciales y la discutida conducta y honorabilidad de una de sus ministras. Como gusta decir el presidente López Obrador, en efecto es tiempo de definiciones.
José Ramón Cossío, exministro de la Corte y orador en la marcha ciudadana del pasado 26 de febrero, dijo ahí que “desconocer el papel de la justicia, tal como lo prevé la Constitución, para argumentar la mera prevalencia de la política implica ponerse fuera del orden jurídico que sustenta el cargo desde el que se habla. Así de simple. Así de claro”.
La lucha entre poderes, en efecto, apenas ha comenzado.
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