Pretende el actual régimen autonombrado de la Cuarta Transformación, acostumbrarnos tanto a las imposiciones que todo hace pensar que lo está al menos en parte logrando. Ya no es cuestión sujeta a interpretaciones. Abiertamente se manifiesta la voluntad de imponer criterios y tomar decisiones trascendentales sin que se produzcan grandes reacciones. Quizá el único tema que está logrando verdadera reacción es el referente a las reformas a leyes secundarias electorales que, pese a no tener rango constitucional, habrán de impactar negativa y severamente la estructura y operatividad del INE. Hoy ya no sabemos si las pocas, escasas posibilidades de que el líder morenista del Senado, Ricardo Monreal, fueron una sincera expresión de rechazo a los aberrantes cambios que indudablemente reducirán la autenticidad y credibilidad del proceso, o sencillamente se trató de una jugada del hábil político zacatecano para llamar sobre sí la atención del presidente de la república y mostrar fuerza ante sus copartidarios para ser incluido entre las corcholatas suspirantes. El caso es que todo indica que la anunciada marcha de defensa del INE no tendrá mayores efectos en un ordenamiento impuesto que conocemos como el cínicamente llamado “Plan B”. Se trata, pues, de una flagrante imposición que se aprobará en los próximos días y que ahora solamente sería frenada por la Suprema Corte, pero quizá ya ni de ello se ocupe puesto que está siendo manipulada para proclamarse a destiempo.
En este mismo sentido impositivo va el recientemente designado “Comité Técnico de Evaluación” sobre el que supuestamente habrán de calificarse las aptitudes necesarias de los aspirantes los cuatro lugares que quedarán vacantes en el Consejo del INE, entre ellos el del relevo de su actual presidente, Lorenzo Córdova. Aunque en este aspecto todos los partidos han jugado en la cancha de la JUCOPO, no hay duda de que hay visos bastante obvios de las consabidas imposiciones. Los “evaluadores” electos contienen por ejemplo algunos propuestos por el INAI, pero otros fueron impuestos a través de ese otro brazo incondicional del gobierno actual en que se ha convertido la Comisión Nacional de Derechos Humanos. A doña Rosario Piedra no le tocó más que proponer la lista enviada desde Palacio para designar los “suyos”, una caterva de seguidores y hasta militantes activos de Morena. Lo inquietante, claro, es que esta parece ser la simiente para negociar ventajosamente con los opositores en la decisión final de los nuevos consejeros. Así de clara es la intención de socavar la imparcialidad e independencia, además de su eficacia, en los procesos que vienen.
Sin embargo, estas fechas recientes fueron marcadas por otras imposiciones. Qué pensar por ejemplo que una ministra de la Corte, obviamente superior jerárquicamente a los jueces, promueva su propio amparo contra las acciones tomadas en la Comisión de Etica de la UNAM, impedir actué en su marco de libertades y autonomía, para frenar le siga descubriendo el pastel –lo que argumenta su dicho de que se puede dañar su imagen” (¿más?) o, peor todavía, que se le ocurriera aplicar sanciones a la hasta hoy intocable ministra Yasmín Esquivel por su plagio de tesis. Si no fuera porque se trata de un asunto grave, creeríamos que se sigue una comedia, donde la imposición y el descaro se hacen más que evidentes.
Las más recientes tramas de imposición están llegando por todas partes. En las medidas tomadas para imponer el uso del desangelado aeropuerto Felipe Angeles parece que se vale todo. Ya se consiguió comprometer a las compañías de carga aérea para trasladarse de manera obligatoria al AIFA, pero también no hay duda de que, con todo y que se trata de una empresa privada mal manejada, la quiebra y cierre de operaciones de Aeromar es un apetitoso negocio por el que este gobierno puede lograr armar poco a poco su propia línea, “Mexicana de Aviación”, que como todos sabemos quedará en manos del Ejército. Bueno, las imposiciones también abarcan los niveles internacionales, como el hecho de que se ventilen en Palacio Nacional los asuntos judiciales en la Unión Americana como si fueran propios (caso García Luna) o hasta se demande a los abogados del inculpado por “atentar” contra la imagen del presidente mexicano. O también que retomemos la causa de Cuba para el tema del bloqueo económico dando galardones de héroe a un gobierno autoritario y sin democracia, etcétera.
Las imposiciones son la regla de la 4T. Y tristemente ya nada parece que puedan cambiar las cosas.
Twitter: @MiguelZarateH
