El ataque al secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, es sin duda la mayor afrenta al estado mexicano en mucho tiempo. Es reflejo fiel del poder y capacidad a los que se ha permitido en cierta forma llegar al crimen organizado, de su disposición a retar a cualquier nivel de autoridad y de buscar imponer sus reglas y vigencia de intereses sin miramiento alguno. ¿Hay responsabilidad en todo ello de parte del gobierno mismo? Por supuesto que sí, sobre todo al mostrar de manera evidente su debilidad y falta de estrategia para evitar o cuando menos ir reduciendo el empoderamiento de los cárteles y organizaciones criminales. Desde otros sucesos, como el triste “cualiacanazo” y muchos eventos aislados en los que hasta policías y militares son emboscados, humillados e incluso asesinados, lo único claro es que el gobierno presente está lejos, muy lejos de cumplirle a los mexicanos en sus promesas de lograr el objetivo primordial de alcanzar la paz pública.
Y el objetivo también fue bien estudiado. García Harfuch, en efecto hijo de un prominente político jalisciense, Javier García Paniagua, quien fuera titular de la desaparecida Dirección Federal de Seguridad y de la llamada secretaría de protección y vialidad del distrito federal en la época de Carlos Salinas -mismo cargo en otros términos que ahora ocupa su vástago-, en realidad tiene en su haber una experiencia difícil de igualar, así como lo que le falta a muchos, resultados incuestionables de su tarea en esa clase de responsabilidad. No hay duda de que de manera específica el cártel que se ocupó de eliminarlo, sin conseguirlo, buscaba el tremendo impacto de advertencia al gobierno de la república de que no cejará en su empeño de convertirse en la más poderosa estructura del hampa en nuestro país. Esto claro, propicia que dicho cártel tenga continuos enfrentamientos con los otros grupos, y así sigue la escalada de homicidios, secuestros, embolsados y demás, para todos nosotros como una pesadilla sin fin.
Nada bueno para el gobierno de López Obrador, quien no le da la importancia que merece al emitir al igual que el secretario de seguridad nacional, Alfonso Durazo, solamente tibios mensajes de “apoyo” a la jefa de gobierno de la ciudad de México y de rechazo tipo político a lo sucedido. Sin embargo, a nadie escapa ya que esta clase de irrupción violenta llevada a la más importante avenida de la capital y contra su principal encargado de protegerla, tiene mucho que ver con la ineficacia de los planes oficiales y, principalmente, de su visión equivocada de la mejor forma de atajar al crimen, de minimizar el potencial de capos y secuaces para enfrentar a quien se interpone en su camino, de entender mal que esto no es tan simple y sencillo como “combatir su origen” ofreciendo abrazos, saludos, dádivas o trabajos temporales. Cierto que nadie quiere una guerra abierta que siga ensangrentando calles, ciudades y comarcas enteras, pero, por otro lado, tanta ineptitud gubernamental en sus distintos niveles, solamente nos da una seguridad, la del palpable y rotundo fracaso ante el crimen.
Ojalá y que el caso de García Harfuch sirva de punto de partida hacia una nueva y no fantasiosa ni ingenua estrategia en la materia, ojalá y los gobiernos, federal, estatales y municipales, asuman ya la responsabilidad contraída y hasta ahora incumplida. Ojalá y esto sea el último aviso, ojalá, de que el hampa pueda ser capaz de organizar y perpetrar un ataque al corazón en la principal ciudad del país. Y ojalá y ya cesen los ataques al corazón de cada estado en todo México.
Twitter: @MiguelZarateH