Para la designación del titular de la nueva Fiscalía anticorrupción y otros 8 cargos de la materia, lo único que tenemos claro es la nada clara voluntad política de quienes nos gobiernan para que el sistema opere con la autonomía requerida, propósito esencial de las reformas efectuadas y factor primordial para la recuperación de la confianza ciudadana a los distintos gobiernos. Parece ser que las intenciones son otras y que, en un momento dado, de poco servirán los esfuerzos realizados. Pero los reclamos y señalamientos contra una posible amenaza de descarrilar este proyecto autentificador, están siendo un tanto minimizados y hasta evadidos por las autoridades que pese a todo seguirán, según se ve, siendo las intermediarias en el proceso de nombramientos.
En esta tarea hasta ahora los que han cumplido son los ciudadanos, tal como estaba pensado originalmente. Ya desde septiembre pasado en una “mesa de gobernanza” en el Congreso del Estado, la activista Cecilia Díaz Romo quién es miembro del Observatorio ciudadano del SEA (Sistema Estatal Anticorrupción) había advertido puntualmente que, si se procede finalmente en el esquema de que la cuestión la decidan el Gobernador del Estado al formular una terna y los diputados a la selección respectiva, el propósito de independencia se perderá y existe el riesgo de que “todo se vaya a la basura”, es decir que todo este alboroto de dar entrada a los ciudadanos solo sea una simulación más. Y, quizá lo más grave del caso, los términos otorgados son absolutamente irrealizables para una buena selección, lo que, de plano, elimina incluso la posibilidad de que el recientemente nombrado Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción, producto a su vez de un procedimiento que se muestra limpio y que para integrarlo llegó a la designación de elementos de valía, principalmente académica, tenga el tiempo suficiente para hacer dictámenes técnicos y observaciones para que lleguen a la etapa final los prospectos con mejor perfil. Pero, la verdad, ¿quién puede confiar en que las recomendaciones de dicho Comité sean realmente atendidas y entendidas por el titular del Ejecutivo, quien a fin de cuentas integrará y enviará la famosa “terna”? Y, por otra parte, ¿estaremos seguros de que los diputados de la Legislatura local tomarán la mejor decisión haciendo a un lado sus habituales posturas partidistas e intereses? ¿Quién nos puede así garantizar que no se volverá con ello a las determinaciones negociadas y a la prevalencia de las facciones en pugna?
Lo cierto es que la burra no era arisca y es difícil creer en que tanto el Gobernador como los legisladores actuarán con apego total a estos propósitos de alcanzar la imparcialidad, la objetividad, la libertad e independencia de un genuino sistema que ataque a fondo la corrupción. El historial es muy largo en cuanto a la repartición de los cargos importantes, sobre todo socialmente hablando, a base de las dichosas “cuotas”, como para creer, así como así, en que todo cambiará súbitamente. Este tan anhelado cambio se dará sólo si el Comité recién designado -vamos, por ahora en ellos sí confiamos-, cuenta con las facultades suficientes y, sobre todo, el tiempo necesario para que no quede lugar a dudas y los actores determinantes en Palacio de Gobierno y en el Congreso, eviten las tentaciones de fragmentar en su provecho, ora vez, toda clase de potestades y poderes.
No se trata, como se sabe, solamente del Fiscal Anticorrupción. También hay que considerar los demás nombramientos como el Auditor Superior, 3 magistrados, órganos internos, etcétera. Digan si en el plazo estipulado de unas seis semanas será factible analizar todos los prospectos y definir los perfiles más adecuados sin sombra de duda, con la certeza plena de que la calificación técnica de los mismos se efectuará con criterio plenamente comprobable y objetivo. Difícil no, imposible. La prisa de todo esto salta a la vista. En los dos poderes estatales involucrados hay una gran inquietud por los cambios que se avecinan una vez puestos en marcha los procesos electorales. Nadie a estas alturas sabe a ciencia cierta quiénes se quedarán, cuántos solicitarán “licencia” y hasta qué punto decisiones tan relevantes como las del Sistema Anticorrupción puedan ser debidamente “manejadas”, ¿o debería decirse controladas?, por los distintos liderazgos políticos con miras a las elecciones que se avecinan en el 2018. Esta es “su” carrera contra el reloj, pero no la de los llamados ya por algunos “cinco fantásticos” del Comité evaluador y menos por los ciudadanos en general. Por donde se quiera ver, no hay pizca de congruencia en las autoridades que promueven y hasta intentan justificar tales premuras.
Si de por sí ya desde ahora se están sembrando algunas dudas, qué valor tendrá finalmente la intención de lograr la “ciudadanización” de tan importantes puestos. La cuestión es si pretendemos un giro de 180 grados en este tema, demos chance a que los políticos nos receten de una vez los 360, el giro completo para dejar las cosas tan iguales como hasta hoy. La prórroga de tiempos es importante, no porque el asunto deba ser postergado ni demorado (urgente lo es) pero sí para impedir que este extraño “aceleramiento” que promueven los poderes en funciones, además de su intención obvia de manipulación, simulación e injerencia, den al traste con la oportunidad de dar un paso en firme en la lucha para abatir aquí la corrupción, anhelo secular de todos los mexicanos.
Twitter: MiguelZarate_12
