Las elecciones de 2021 serán diferentes a las de 2018. Si bien por la pandemia de covid-19 que azota a nuestro país y por diversos aspectos de la dinámica política no fue posible avanzar en una gran reforma constitucional y legal en materia electoral, en estos tres años se ha avanzado en la consolidación de nuestra vida democrática. Existen elementos positivos para que en las próximas elecciones federales del año entrante, sea cual sea el resultado, el pleno ejercicio de la voluntad popular se exprese en las urnas.
Faltó tiempo para la gran reforma electoral que el país requiere. Los partidos de oposición se niegan a reducir su financiamiento y con esto, a hacer más austeras las elecciones. Sin embargo, hay elementos en el panorama que harán que los comicios del año próximo sean cualitativa y cuantitativamente diferentes. Menciono varios. Uno fundamental es que el Presidente de la República no intervendrá en los procesos electorales, por primera ocasión los enormes recursos de los que dispone el gobierno federal no se utilizarán a favor de partidos o de candidatos.
El desvío de recursos públicos con fines electorales ya es un delito grave, por lo cual los servidores públicos que incurran en estas prácticas serán acreedores a prisión preventiva oficiosa. Se acabaron los moches con los cuales, además de ser un terrible desfalco para las finanzas públicas, se utilizaban para comprar enormes campañas de publicidad y se patrocinaban guerras sucias. Otro aspecto de gran relevancia es que los recursos de los programas sociales se entregan de manera directa a los beneficiarios, con lo cual se dio un golpe mortal al corporativismo y a las organizaciones que por décadas se aprovecharon del hambre y las necesidades de la gente.
También hay cambios importantes en el árbitro electoral. El miércoles 22 de julio, la Cámara de Diputados eligió a cuatro integrantes del Instituto Nacional Electoral (INE), con lo cual su Consejo General está plenamente integrado. Los cuatro nuevos integrantes, dos mujeres y dos hombres, fueron electos por un amplio consenso de las diputadas y diputados. Lo más importante es que se trata de personas con amplia experiencia en la materia.
Son las primeras consejeras y consejeros de una nueva generación de servidores públicos electorales, cuya elección no fue por cuotas partidarias, que se hayan negociado en alguna oficina particular o del gobierno, sino producto de un amplio proceso de acuerdo y consenso de los integrantes de la actual Legislatura y por medio de un proceso transparente. Ninguno de los nuevos integrantes tiene compromisos con personajes de la política, partidos y mucho menos con el Presidente de la República. Su única responsabilidad es desarrollar sus funciones de acuerdo con sus atribuciones constitucionales.
En el Estado de Puebla también se avanzó en materia electoral. En días recientes el Congreso de Puebla, un congreso vivo y que da resultados, aprobó una reforma que prohíbe la propaganda electoral en espectaculares y otras medidas que ayudarán a sanear nuestra vida pública, a librarla de contaminación visual en época de elecciones y a terminar con un jugoso negocio para algunas personas vinculadas a personajes de administraciones pasadas.
@MBarbosaMX
