Durante todo el sexenio, el tema del combate a la corrupción ha sido una de las principales banderas, sin embargo, en la realidad la estadística demuestra lo contrario. A nivel nacional, las fiscalías creadas en los estados han dado pocos resultados o nulos, en cuanto a la judicialización de las carpetas integradas.
En una nota periodística de mi compañero Rafael Montes (milenio.com/04-10-2022) señala que en el reporte de “Levantemos la voz de las fiscalías Anticorrupción”, se dio a conocer que entre el 1 de enero de 2021 y el 1 de mayo de 2022, las fiscalías Anticorrupción de los gobiernos estatales iniciaron un total de 19 mil 289 investigaciones por presuntos delitos de corrupción, lo que representa una cifra mayor a la de la edición 2020, cuando fueron 17 mil 949.
Sin embargo, agrega, apenas 4 de cada 100 de esas investigaciones iniciadas fueron judicializadas por los ministerios públicos estatales y solo 0.2 por ciento llegó a una sentencia. Esto quiere decir que no son efectivas.
Esa misma información de Rafa nos revela que en los últimos dos años, solo el 4.3% de las investigaciones por corrupción iniciadas en las fiscalías Anticorrupción de los estados fueron judicializadas, de acuerdo con una investigación de la organización Tojil y del Instituto Mexicano para la Competitividad.
El reporte destaca que la Fiscalía Anticorrupción que ha judicializado mayor número de investigaciones en los últimos dos años es la de Querétaro, que ha logrado llevar ante un juez el 26 por ciento de sus expedientes; seguido por Tlaxcala, con 23 por ciento, y Guanajuato, con 17 por ciento.
En el caso del estado de Nuevo León, en días pasados un amigo abogado me pasó datos donde asegura que en cinco años que lleva al frente Javier Garza y Garza, ha logrado solo tres sentencias condenatorias, con un presupuesto mensual de más de un millón y medio de pesos.
Habría que analizar a fondo el por qué de esa escasa efectividad, ya que no es un tema de recursos o al menos así parece. Luego entonces, ¿qué está pasando? Porque las cifras son del 2022 y vamos iniciando el 2024. La gente tiene derecho a saber en qué hemos fallado.
