El pasado miércoles el secretario de Salud, Carlos Olivier Pacheco, confirmó que de los tres casos de tosferina en Puebla, lamentablemente fallecieron dos bebés. Hasta la semana siete del presente año en México se han registrado 460 contagios, donde destacan la capital del país con 73 y el estado de Nuevo León con 56, cifra que seguramente habría aumentado en los próximos días o semanas.
De acuerdo con el reporte del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, a partir del 2020 los casos probables fueron a la baja, hasta que en el 2023 volvieron a incrementarse al llegar a los 188, pero al año siguiente se dispararon a 463 casos al cierre preliminar.
Sin embargo, el incremento se debe en gran medida a la falta de previsión por parte de las autoridades de Salud a nivel federal, debido a que apenas compraron el 10 por ciento de las vacunas que se requieren para atender a la población vulnerable.
En el pasado reciente, los funcionarios responsables se pusieron las pilas y adquirieron los reactivos suficientes para completar el cuadro de vacunas sobre todo en la población infantil.
Ahora, se justifican con la llegada de miles de migrantes de centroamérica, y hasta con la deportación de algunos connacionales, pero la verdad fue falta de criterio o desatención de su parte lo cual es sumamente delicado.
La tosferina (pertusis) es una infección de las vías respiratorias sumamente contagiosa. En muchas personas se caracteriza por una tos seca intensa seguida de sonidos agudos al inhalar que parecen chillidos, y aunque se le considera una enfermedad de los niños, también afecta a los adolescentes y adultos que han perdido inmunidad.
También es altamente contagiosa, y por la experiencia reciente de la pandemia de covid-19, debemos tener la seriedad debida, aunque parece que el gobierno federal se distrajo en otros temas, y retrasó la compra de los antígenos para los bebés con las consecuencias ahora conocidas.
Al igual que el coronavirus, la tosferina afecta a las personas con sistemas inmunológicos debilitados, y por supuesto para los adultos mayores representa un riesgo.
Si bien es cierto no es tan letal como el covid-19 por ejemplo, y hay mucha información desde hace años, no se vale que nuestros infantes se mueran por una negligencia de funcionarios, que además tampoco recibirán su castigo.
Si fueran tan honestos como presumen los políticos de la 4T, ya deberían estar en la cárcel los responsables de este infanticidio, pero todos se cubren con la misma cobija.
