Desde el inicio de las campañas electorales, la violencia y las agresiones en contra de candidatos ha ido en aumento, y de acuerdo con datacivica.org en lo que va del año 17 precandidatos (as) y candidatos (as) han sido asesinados (as).
Por si fuera poco, hay otra cantidad importante de aspirantes que han sufrido amenazas de muerte, ataques armados, atentados y secuestros, aunque no existe reporte de alguno desaparición, de acuerdo con la misma organización.
Según el informe "Democracia vulnerada: el crimen organizado en las elecciones y la administración pública en México", en el pasado (2018 y 2021) por cada agresión se registraba una baja del 1.3% en promedio en la asistencia a votar.
Es decir, la violencia en los procesos desmotiva la participación ciudadana, y eso afecta además a los organismos electorales porque la gente también se niega a ser funcionaria de casilla por ese mismo temor.
En Puebla como en todo el país, ya se dio el lamentable deceso del candidato a la alcaldía en el municipio de Acatzingo donde Jaime González Pérez fue ejecutado por sujetos que viajaban a bordo de motocicletas.
Lo peor del caso es que este atentado se dio frente a su esposa e hijos afuera del lote de autos de la familia, sin que a la fecha hayan avanzado en las investigaciones, lo cual es más preocupante porque los ciudadanos no ven resultados por parte de la Fiscalía General del Estado.
Por esa razón es necesario que las autoridades garanticen la seguridad a todos los participantes de este proceso, ya que de ello dependerá que los electores salgan con más confianza a las urnas el próximo domingo 2 de junio.
De igual manera es indispensable resolver a la brevedad la denuncia presentada por el panista Mario Riestra, quien asegura fue amenazado de muerte por un sujeto que se le acercó el pasado fin de semana al finalizar su evento.
El candidato de la alianza PAN-PRI-PRD-PSI sostiene su dicho, aunque hay quienes consideran que fue víctima de un imprudente borracho a quien se le hizo fácil. Sean peras o manzanas, la FGE está obligada a darle la certeza de que ese individuo será juzgado conforme a la ley y despejar así toda clase de dudas sobre este caso.