En las últimas semanas Puebla se hizo tendencia nacional por el caso de la falsa psiquiatra Marilyn Cote, quien tomó relevancia por las denuncias en su contra por parte de algunos pacientes, que derivó en su posterior detención.
También en días pasados en Multimedios hemos dado a conocer otro caso que tiene algunas similitudes, pero esta vez se trata de una doctora que sin tener la especialidad de oncología, emite recetas médicas para ese tratamiento, lo cual es igual de grave.
Por estos dos casos, algunos académicos han señalado la necesidad investigar no solo a quienes prescriben las recetas apócrifas, sino a las farmacias donde se las surten porque eso hablaría de una complicidad de algunos de los empleados de esos establecimientos.
Instancias como la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios (DPRIS), a nivel estatal, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) o la Secretaría de Salud, se supone deberían sancionar también a las farmacias, pero al no hacerlo evidencia problemas estructurales que permiten que sucedan casos como éste.
Estamos frente a un tema delicado, si tomamos en cuenta que en el periodo de enero del 2013 a noviembre del 2024, la entidad acumula un total de 87 investigaciones por el delito de usurpación de profesión; las carreras más ejercidas de manera irregular son la de abogado y médico.
Los datos revelados por la Fiscalía General del Estado (FGE), según la nota de mi compañero Jesús Zavala, a lo largo del periodo de enero 2013 a noviembre del 2024, se han iniciado múltiples carpetas de investigación por el delito de usurpación de profesión, destacando que desde el 2020 este delito tuvo un importante incremento (justo durante la pandemia), pasando de un máximo de cinco casos a cifras por arriba de las diez denuncias en los siguientes años.
En 2020 existieron 11 denuncias, en 2021 se presentaron 14 hechos, en 2022 se contabilizaron 15, el 2023 fue el año con más casos hasta el momento con 17 investigaciones y durante el presente año han sido 11 los eventos a indagar por la FGE.
Según los informes, los pseudo abogados son los que más proliferan, pues 21 personas fueron investigadas por usurpar esta profesión, mientras que los médicos les siguen a esta lista con 14 casos de falsos trabajadores del sector salud.
Ya en el tercer puesto se encuentran los falsos arquitectos con seis carpetas, los odontólogos tienen cuatro antecedentes, tres más de contadores públicos, dos personas que se ostentaban como enfermeros dos como ingenieros. Hay de todas las profesiones así que no queda más que acudir a los de su confianza.
