A lo largo de mi trayectoria profesional, he impulsado activamente iniciativas que promueven la probidad en la función pública, buscando disuadir a quienes, desde su posición de servicio, pudieran intentar lucrar con los fondos de la ciudadanía.
Es fundamental recordar que todo servidor público, desde quienes realizan labores de limpieza y mantenimiento vial, hasta los encargados de la seguridad y la administración hacendaria, tienen un compromiso ineludible con la vasta mayoría de ciudadanos. Son ellos quienes, en primer lugar, sufragan sus salarios y, en segundo, contribuyen a que las condiciones de vida, tanto de los burócratas como de los habitantes de un municipio, estado o nación, sean más que dignas.
Un servidor público asume una doble responsabilidad: ejecutar las tareas inherentes a su cargo y someterse al escrutinio constante de sus empleadores, que somos los ciudadanos. Es imperativo no olvidar que la función principal del servidor público es facilitar la prosperidad de los ciudadanos, abarcando desde las tareas más sencillas hasta la atracción de inversiones. Para lograr esto último, es crucial generar condiciones óptimas, refiriéndonos principalmente a la certeza jurídica, seguida de infraestructura, seguridad, bienestar, entre otros aspectos.
Por ello, al descubrir casos de corrupción como la tristemente célebre “estafa siniestra”, al observar obras cuya construcción inexplicable parece responder más al ego del gobernante que a una necesidad real, o al constatar la asignación de recursos a empresas predilectas, y al presenciar líderes sindicales que se han valido del abuso hacia los trabajadores gubernamentales, comprendemos la raíz de las carencias que aquejan a una comunidad o a un país entero.
En consecuencia, es imperativo que los ciudadanos mantengamos, por un lado, un pago puntual y justo de nuestros impuestos y, por otro, una exigencia constante de transparencia, rendición de cuentas y buenas prácticas gubernamentales. En las naciones desarrolladas, el elevado nivel de vida es resultado directo de la recaudación de impuestos significativos que, en lugar de desviarse a los bolsillos de los gobernantes, se invierten directamente en servicios públicos de calidad.
