Durante casi dos décadas, Percy Espinosa Bustamante reinó en el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Pachuca (SUTSMP) como si de una empresa familiar se tratara. Bajo su mando no solo se enquistaron privilegios que resistieron cambios de gobierno y alternancias políticas, sino que también floreció una red opaca de poder que ahora comienza a desmoronarse.
La más reciente denuncia presentada por la Dirección Jurídica del Ayuntamiento de Pachuca ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo lo revela con claridad, 77 millones de pesos del fondo de préstamos sindicales no tienen sustento ni destino claro. La acusación penal por presunta malversación de fondos públicos no es una anécdota menor, es una evidencia grave de cómo el poder sindical puede degenerar en abuso estructural.
Esta denuncia se suma a la detención domiciliaria que enfrenta el exlíder sindical por abuso sexual agravado, un segundo proceso que también desmorona la narrativa del “líder intocable”.
Lo alarmante es que el monto observado, correspondiente a una primera etapa de revisión podría ser apenas la punta del iceberg. Como lo ha señalado el secretario general del ayuntamiento, Eduardo Trejo Lino, las irregularidades podrían alcanzar ejercicios fiscales anteriores, y con ello, la cifra del presunto desfalco incrementarse considerablemente.
El esquema bajo el cual operaba el sindicato es, en palabras del propio funcionario, similar al de una organización auxiliar de crédito, pero sin controles externos, sin auditoría pública y sin transparencia. El sindicato otorgaba préstamos a sus agremiados y cobraba intereses por ellos. ¿Dónde quedó ese dinero? ¿Quién lo gestionaba? ¿Quién se benefició de los réditos que pertenecían a la base trabajadora?
Más allá del proceso penal en curso, el caso Percy desnuda una problemática que ha permeado por años en las estructuras de poder sindical en el país: la privatización de lo público. Los recursos de los trabajadores, provenientes de la hacienda municipal se manejaban como si fueran propiedad de una sola persona. La falta de rendición de cuentas y la concentración de poder solo podían desembocar en lo que hoy vemos: denuncias, sospechas de desvío y una estructura corroída desde adentro.
Resulta indispensable que este caso marque un antes y un después para el sindicalismo en Pachuca. La justicia debe actuar con firmeza, pero también lo debe hacer la estructura administrativa del municipio: revisar, fiscalizar y rediseñar los mecanismos de transferencia de recursos hacia instancias gremiales.
El desfalco del fondo de préstamos no es solo una cuestión de números; es el símbolo de un modelo sindical agotado, que usó la representatividad de los trabajadores como escudo para proteger beneficios personales. Hoy, ese escudo se ha roto.
La transformación institucional no se alcanza solo con obras o discursos. También se logra desmantelando viejos cacicazgos. La caída de Percy no es un logro político, es una deuda pendiente que por fin comienza a saldarse.
