La facilidad con la que se cometen delitos de alto impacto en México no tiene otra explicación que la alta impunidad que se vive en nuestro país y un ejemplo de ello es el de la extorsión, uno grave por el impacto psicológico y económico que deja entre las víctimas.
Existen extorsiones de todo tipo desde la ya conocida amenaza del presunto grupo delictivo que amenaza con secuestrar o hacer daño a una familia, hasta el secuestro virtual y las amenazas veladas que se realizan a miles de empresarios en México que les obligan en muchas partes del país como ya se ha denunciado y expuesto, a comprar o vender artículos de primera necesidad a ciertos proveedores o a precios fuera de razón, hasta el ya común cobro de piso.
Según la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) más de 3 mil 400 personas fueron extorsionadas en México entre enero y abril de este año, lo que equivale a más de una víctima por hora, la cifra parte de las denuncias hechas ante el Ministerio Público y recabadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad; sin embargo, este número palidece frente a las extorsiones reportadas y no denunciadas que equivalen al 98 por ciento del total.
Una de cada dos empresas miembro de Coparmex reportaron ser víctimas de algún delito el año pasado y en lo que va de la administración del Presidente López Obrador, se registró según el organismo patronal, un alza de 48% en las carpetas de investigación de este tipo de delito.
Las extorsiones más comunes y las que menos se denuncian por ejemplo son en las que por teléfono se reportan supuestas amenazas de grupos delictivos o de autoridades asegurando que un supuesto familiar está en riesgo, esta acción conocida como extorsión telefónica tiene su origen en su mayoría dentro de los penales del país y la pregunta que surge es: ¿Por qué tienen acceso a estos aparatos y a señal que se supone está inhibida?
La respuesta es simple: corrupción… sí, esa que dicen que en México ya se acabó.