En incontables ocasiones, el gobierno de Guanajuato señaló durante el año pasado que era preocupante lo que pasaba en Pemex, respecto al robo de combustible en la entidad, no todo era atribuible a los grupos criminales que operan en el estado, sino que había gran responsabilidad en la paraestatal, nadie los oyó, nadie dijo nada.
Al contrario, en reuniones del Grupo de Coordinación Guanajuato con directivos de la empresa se hablaba que el estado estaba en primer lugar en tomas clandestinas, y en decomiso de litros de gasolina, no se daban más detalles, solo las estadísticas que parecían inverosímiles en las que curiosamente se señalaba a un estado gobernado por Acción Nacional en tiempos del PRI.
Nadie reparaba, por ejemplo, en que la mayoría del combustible decomisado, me dicen personas que estuvieron presentes en esas reuniones, provenía de pipas no solo particulares sino también de Pemex que no podían probar el origen o destino legal del combustible.
En el estado se inició una práctica que no se hizo en todo el país, detuvieron al menos 100 pipas que fueron puestas a disposición del Ministerio Público, la mayoría salieron de la Terminal de Almacenamiento y Distribución de Irapuato, los conductores al ser detenidos para revisión mostraban solo la petición de salida pero no la factura de quienes habían comprado el combustible, lo cual hacía presumir que había sido sustraído de manera ilegal.
Esta acción desató el enojo al interior de la paraestatal, lo cual resultó aún más extraño, e incluso se llegó a cuestionar el por qué se detenían vehículos oficiales de Pemex. Me dicen que del combustible decomisado, 5 millones de litros en 2018, alrededor del 70 por ciento, por decir lo menos, correspondían no a gasolina confiscada a los grupos delictivos, sino a la retenida por no acreditar su traslado legal.
Si hacemos cuentas, de las terminales de Pemex habrían salido sin poder comprobar el traslado legal de gasolina alrededor de 3.5 millones de litros de combustible, hablando solo de los que se pudieron decomisar, lo que habría dado ganancias a quienes operaban el negocio ilegal de poco más de 70 millones de pesos, solo en el 2018.
Únicamente entre enero y febrero año pasado fueron decomisados un millón 300 mil de litros de gasolina de los que se estima solo unos 390 mil corresponden a huachicoleros del crimen organizado el resto sería por malos manejos en la paraestatal.
Hoy Guanajuato es uno de los principales afectados por esta crisis del combustible, las autoridades locales en su momento lo advirtieron, nadie escuchó y hoy pagamos las consecuencias, saque usted sus conclusiones.
Mañana, el manejo discrecional de las cifras sobre tomas clandestinas.
