Este año el Instituto Nacional Electoral no solo enfrentó el reto de organizar las elecciones más grandes de la historia, sino también tuvo el arduo trabajo –perfectible, claro- de fiscalizar más de 11 mil millones de pesos que fueron utilizados para el ejercicio de promoción de candidaturas, lo que habla el gasto que finalmente se ejerció en este proceso electoral por parte de los candidatos y sus partidos. Derivado de la revisión de más de 39 mil expedientes, el INE en tiempo récord tuvo los elementos suficientes para mediante su órgano de fiscalización aplicar las sanciones correspondientes, tras determinar que hubo violaciones a la reglamentación electoral y con ello evitar por ejemplo el lavado de dinero, público y privado utilizando los procesos electorales, lo cual no era nada raro antaño.
Aunque a los sancionados no les hayan parecido las resoluciones del órgano electoral no olvidemos que el INE actúa desde una perspectiva ciudadana, pues el árbitro de la elección no tiene una óptica partidista que pudiera significar la inclinación de la balanza hacia ningún actor o ente político, es por eso el enojo y la insistencia de algunos de estos de librarse de una institución que hoy por hoy ha permitido llevar a buen puerto los procesos electorales sin mayor incidente.
Ésta sin duda ha sido una prueba de fuego, en la que los detractores insisten que poner sus propias reglas, donde los ríos de dinero ilícito podrían fluir, incluyendo el dinero del crimen organizado todo para conseguir el poder sin ningún escrúpulo, tal vez es el deseo que quienes ven en las acciones del INE politiquería barata.
Tal vez quienes han repudiado la fiscalización realizada por el instituto prefieran seguir manejándose con dinero repartido en bolsitas de papel que no dejan huella y con ello dejar de lado las ataduras que representa en ajustarse a la legalidad en el manejo de dinero, en un libertinaje que nos llevaría sin duda al caos total y a una verdadera penetración del crimen en el sistema político del país mediante dinero sucio.
Claro que esto es lo que se puede fiscalizar, no olvidemos que hay acciones ocultas que no pasan por las manos de las autoridades como las entregas de despensas y apoyos de parte de grupos delictivos apoyando a candidatos a puestos de elección popular, o movilizaciones hechas para permitir la llegada de tal o cual aspirante especialmente a presidentes municipales.
Y esto es parte de nuestra realidad.
