Una de las barreras más difíciles de superar para alcanzar el desarrollo social y económico se refiere a la transformación de necesidades en demandas. Diariamente por diversas partes del Estado y del país, observamos marchas y plantones con temas que a base de mucha presión, principalmente mediática, algunos se van resolviendo, o resignados, quedando en el rezago, como deuda social.
Es menos complicado observar las necesidades de la mayoría de la población, sea en materia de educación, salud, empleo, ingresos, vivienda, transporte y más, aunque estas, como si nos dejaran ciegos, con el tiempo se dejan de percibir, hasta que surge un nuevo estímulo, de un líder o una campaña electoral, o por una denuncia escandalosa en algún medio de comunicación. Para ello existen organizaciones sociales, sindicatos, y desde luego los partidos políticos, cuya misión es servir de puente de comunicación entre la comunidad y el gobierno.
Uno de esos temas relevantes es la necesidad de regularización de la tenencia de la tierra en el País, y me referiré específicamente en nuestro Estado, porque en el país la autoridad del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS), cuyo director general un destacado Toluqueño, José Iracheta, reconoció recientemente que en el país hay unos 7 millones de lotes irregulares y que anualmente 90,000 familias se incorporan a la irregularidad, porque no hay solución legal a su formalidad. Se estima que solamente en el Estado de México son más de millón y medio de lotes irregulares, aunque la cifra crece diariamente.
Las consecuencias adversas de esta situación son múltiples tanto en lo familiar como en lo social y político. Por una parte crece la demanda de infraestructura, la mayoría en las zonas más complicadas, lecho del ex lago, orillas de ríos pluviales, en las laderas de cerros y montañas, laterales de las antiguas vías férreas, donde se agudiza la carencia de agua, drenaje, la saturación de vialidades y carencia de transporte, generando un entorno absolutamente perjudicial para los habitantes.
Según datos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra del Estado, estima que en nuestro territorio hay más de 90,000 hectáreas con asentamientos irregulares, ubicadas alrededor de los centros urbanos y en zonas hasta ahora consideradas rurales, aunque se desconocen censos verificables al respecto. La falta de información confiable es uno de los retos para su atención adecuada.
Uno de los principios en Administración Pública, que hace una similitud con el organismo humano, es que primero se crea la función y luego el órgano. Frente a esta tragedia de la irregularidad, han surgido diversas dependencias, con funciones dispersas, sólo en ciertos casos la experiencia ha resultado positiva, como fue en Ciudad Nezahualcóyotl y algunas otras regiones. El reto está vigente, más allá de sólo entregar algunos miles de escrituras. Innovar para resolver es una necesidad.
Mauricio Valdés
