El Derecho a la Movilidad implica nuestra libertad de tránsito y para ejercerla individual y colectivamente requerimos disponer de medios y canales accesibles, por tierra, mar o aire, lo mejor regulados posible. Es simultáneamente efecto y causa para ejercer esa la libertad.
El lunes pasado la Maestra Delfina Gómez Álvarez, Gobernadora del Estado de México presentó su extraordinario y ambicioso Plan de Movilidad, que amplia lo anunciado en el Plan Colibrí de Movilidad, a cargo del Secretario de Movilidad, Daniel Sibaja, de talento y sensibilidad social. Las acciones presentadas son muy relevantes porque atienden a una problemática varias veces señalada, pero siempre rebasada por la impunidad, la corrupción y la ineficiencia.
Padecemos un ambiente añejo de deficiente e insuficiente planeación del sistema de transporte público, con baja cultura vial y efectos graves sobre el medio ambiente. En breve plazo han identificado las áreas de oportunidad para atender algunos de los problemas más sentidos por la mayoría de la población y mejorar nuestra calidad de vida, principalmente urbana.
En este Gobierno se percibe la reivindicación del Derecho a la Movilidad que requiere de la alianza, auténtica, entre autoridades y transportistas que coincidan con este propósito, rumbo a un Plan Maestro Metropolitano de transporte y vialidades. Así como de medidas de regularización de grúas y corralones, protección peatonal, ciclopistas, y estacionamientos, principalmente para liberar vialidades.
Abundan las necesidades, demandas y aspiraciones: erradicación del transporte irregular e ilegal; unidades adecuadas, limpias y funcionales; operadores capacitados con actitud de servicio; registro actualizado y veraz de unidades, propietarios y operadores; monitoreo de funcionamiento de rutas y transportes; supresión de la corrupción; eficiencia energética y abatimiento de la contaminación; armonizar servicios concesionados con rentabilidad justa y oportuna; aprovechar las economías de escala para suministro de insumos y sustitución de unidades; eliminar violencia y delincuencia a bordo del transporte público; evitar maltrato de los conductores hacia los pasajeros y conductas agresivas a los demás automovilistas, entre otras.
Los subsidios a los transportistas muestran la disposición para que los transportistas regularicen las concesiones, sin corrupción y como aliciente para lograr acuerdos que atiendan su problemática. El sacrificio fiscal deberá mejorar el servicio.
