Hace unos días, en el foro “Sumemos causas por la seguridad, María Elena Morera expuso un diagnóstico sobre la seguridad pública en el país. Entre otros datos, mencionó que, de acuerdo con la más reciente encuesta de victimización, “el año pasado hubo 24 millones de mexicanos que fueron víctimas de un delito”.
La presidenta de Causa en Común citaba la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2017, del Inegi, que se refiere exclusivamente a delitos del fuero común, respecto de los cuales las responsables son las autoridades de cada una de las 32 entidades de la Federación.
En ese contexto tiene sentido acercarnos a un análisis comparativo respecto de cómo trabajan las procuradurías o fiscalías estatales, con qué entramado estructural, con base en qué criterios de operación y con cuáles resultados.
Antes de abordar la disparidad con la que se desempeñan estas instancias, veamos algunas cifras torales en materia de seguridad, de acuerdo con la citada Envipe 2017, que contiene datos de 2016.
En México se cometen, en números redondos, 31 millones de delitos del fuero común, se denuncian 2 millones y se resuelven 400 mil.
De lo anterior se deduce que 93 de cada 100 delitos no se denuncian. La Envipe señala que en 62 por ciento de estos casos la abstención se debe a causas atribuibles a la autoridad, como pérdida de tiempo, desconfianza, trámites largos y difíciles, entre otras.
Ahora bien, ¿qué sucede con los 2 millones de delitos que sí se denuncian?
En 2016, según la encuesta, en 980 mil casos no pasó nada o la investigación no continuó. En 384 mil casos se logró un resultado concreto, esto es, en 136 mil el afectado recuperó sus bienes; en 110 mil se puso al presunto delincuente a disposición del juez; en 70 mil hubo reparación del daño y en 68 mil se otorgó el perdón.
Para completar los 2 millones, la Envipe registra que en 222 mil casos se obtuvieron resultados diversos o no especificados y que 416 mil se reportaron en trámite.
Estas cifras conducen a un dato central: los 384 mil casos que se concluyeron en 2016 representan 1.2 por ciento de los 31 millones de delitos cometidos.
Ahora sí, agreguemos a este marco una visión comparativa de lo que sucede en la procuración de justicia en los estados, a partir de la reciente publicación del Índice estatal de desempeño de las procuradurías y las fiscalías, patrocinado por Impunidad Cero y elaborado por el investigador Guillermo Zepeda Lecuona.
Llama la atención la enorme disparidad que impera en todos los órdenes del análisis en las 32 entidades, tanto en el ámbito estructural como en la operación y en sus resultados.
Por ejemplo, en Chihuahua hay 23.7 agentes del ministerio público por cada 100 mil habitantes, en tanto que en Sonora hay 2.3.
Existe también un abismo entre los mil 79 pesos de presupuesto per cápita para procuración de justicia en Chihuahua y los 93 pesos en Tlaxcala.
No se trata ahora de intentar determinar cuál sería la proporción ideal de ministerios públicos por habitantes ni de sugerir cuál debe ser el presupuesto per cápita, sino hacer notar las disparidades, como las siguientes:
En Campeche cada ministerio público atiende al año 23 asuntos, en tanto que en Baja California debe resolver 432.
En cinco entidades se puede realizar una denuncia en una hora; en nueve se requieren más de cuatro horas.
Mientras en Baja California se ejecutan ocho de cada 10 órdenes de aprehensión, en Guerrero se cumple una de cada 10.
En 12 estados la impunidad del homicidio intencional está por arriba de 80 por ciento; en 15, entre 50 y 79, y solo en cinco por abajo de 50 por ciento.
En Campeche, 90 por ciento de las condenas son de menos de tres años de prisión, en tanto que en Chihuahua es a la inversa: 90 por ciento de las condenas son de más de tres años.
En estos rubros solo se han tomado los extremos. En medio existe una gran variedad de cifras y proporciones en cada caso, de tal manera que uno puede concluir que no existe ninguna similitud entre entidad y entidad en esta materia.
Además de la evidente disparidad, está el hecho de que este tipo de análisis se basa en lo que reportan las procuradurías y fiscalías, que no siempre se atienen a números reales, lo que se deduce de inconsistencias y contradicciones en algunos estados.
Por ejemplo, en materia de efectividad, Nayarit se adjudica 76 por ciento (la entidad que le sigue informa 20) porque dice que en siete de cada 10 de las 6 mil averiguaciones previas que abrió en 2016 se ejerció acción penal, lo que en todo caso es una ilusión, considerando que al año la procuraduría estatal obtiene alrededor de 200 sentencias penales.
Aunque es difícil precisar el grado de incidencia que la disparidad expuesta tiene en la impunidad de los delitos del fuero común, es necesario pugnar por la homogeneización, en la medida en que sea conveniente, de los factores estructurales y de operación de las instancias estatales de procuración de justicia de todo el país.
Se trata de un desafío para nuestro sistema federal y para cada una de las entidades, es decir, de corresponsabilidad. Está visto que la diversidad de recursos, criterios y formas de operación no ha rendido buenos resultados y no ha contribuido a la contención del crimen.
Que solo en 1.2 por ciento de los delitos del fuero común se logre una conclusión efectiva de los casos es inadmisible. Si no modificamos esta proporción, la justicia en México seguirá siendo un discurso fallido o una aspiración imposible.
*Especialista en derechos humanos y secretario general de la Cámara de Diputados.
Twitter: @mfarahg
