Está por comenzar una nueva etapa en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, un organismo fundamental para nuestra democracia.
La comisión, que goza de plena autonomía desde hace 20 años, es un baluarte de todas las mexicanas y mexicanos, como lo es también de todas las personas que, sin importar su nacionalidad, se encuentren en territorio nacional.
Conozco bien a la institución, en la que tuve el privilegio de colaborar justamente en sus primeros 10 años de autonomía (2000-2009), la que hubo que ir construyendo ante autoridades no habituadas a recibir requerimientos, llamadas de atención y recomendaciones de una instancia independiente del gobierno sobre hechos violatorios a los derechos humanos.
En aquel lapso la CNDH ejerció su autonomía pese a resistencias y logró acreditar su imparcialidad e institucionalidad. Y luego de un bache de un periodo, la institución recuperó su autonomía en la gestión que concluye mañana.
No obstante este desempeño institucional, todavía hay servidores públicos que creen o afirman que la CNDH está contra el gobierno, cuando en realidad está contra los abusos y las omisiones de las autoridades que vulneran los derechos humanos.
Una recomendación no tiene el propósito de dañar la imagen de nadie, sino de documentar una violación a los derechos humanos, demandar la sanción de los responsables, exigir la reparación del daño y establecer medidas para la no repetición de hechos similares.
De comprenderlo, todos los servidores públicos asumirían que fortalecer al Estado y proteger los derechos humanos no son objetivos contradictorios sino convergentes y complementarios; en consecuencia, entenderían que la tarea de la comisión es ayudar, mediante el señalamiento, la conciliación, la recomendación y otras acciones, a corregir lo necesario en el desempeño de la autoridad. Al poner límites a los servidores públicos que abusan del poder, se contribuye a consolidar el estado de derecho y se robustece a las instituciones.
La responsabilidad de la comisión es ahora más relevante y delicada si se toma en cuenta el entorno de inseguridad que infortunadamente nos acosa con la fuerza de más de 12 años de violencia.
A pesar de los avances, los grupos vulnerables siguen allí: los indígenas, los migrantes, las víctimas de trata, las personas con alguna discapacidad, las niñas, niños y adolescentes y las personas mayores, entre otros.
A estos grupos se suman las mujeres que padecen alta vulnerabilidad, y que infortunadamente son la mayoría, y aquellos que corren riesgos, incluso mortales, por dedicarse a actividades que suelen incomodar a servidores públicos y/o a los poderes fácticos, como los periodistas y los defensores de derechos humanos.
Es difícil de comprender y más difícil de aceptar, pero ahora hasta los integrantes de las fuerzas del Estado pueden llegar a ser vulnerables justamente cuando más necesitamos su fuerza y la fuerza de la ley que representan.
En el México de hoy, la comisión debe ser sensible al papel que juegan las corporaciones militares y policiales en su difícil encomienda.
Cada vez que un agente del Estado, militar, marino o policía, sea retenido o humillado por los criminales, la comisión debe estar allí para exigir justicia para ellos y para sus familias y, en su caso, denunciar la omisión del propio Estado para dar garantías de protección a quienes nos protegen.
Por toda esta complejidad, cerremos filas en torno a la CNDH y a su nueva presidenta, la señora Rosario Piedra Ibarra, a quien deseo el mayor de los éxitos en su importantísima responsabilidad por el bien de nuestra democracia.
Así pues, con nuestro apoyo fortalezcamos a la institución y a su especializado personal para que puedan desempeñar sus tareas a plenitud, una misión siempre trascendente porque, bien realizada, al beneficiar a unos nos protege a todos.
*Secretario general de Servicios Administrativos del Senado y especialista en derechos humanos.
