En Nuevo León estamos viviendo una crisis institucional. Por más que algunos políticos locales y el gobernador minimicen la situación, la realidad es que tenemos la peor calidad del aire en toda nuestra historia; los índices delictivos más altos de los últimos años; movilidad deficiente, colapsada, cara y contaminante; así como escasez de agua.
Ya vamos a cumplir el año sin contar con un fiscal. Es decir, no existe una persona responsable que establezca una estrategia y la implemente, para que los delitos cometidos en el estado se castiguen y no queden en la impunidad.
Una de las razones por las cuales se han reducido los delitos en la Ciudad de México es por existir una muy cercana colaboración entre la Secretaría de Seguridad con la Fiscalía. En Nuevo León no solamente no existe esta colaboración, no existe fiscal.
Por igual, en el tema de la calidad del aire, la movilidad, y el agua, el Estado ha aumentado las tarifas de transporte y de los derechos del agua, pero no ha podido garantizar uno, y en el otro somos la ciudad con más tiempos muertos por los traslados entre los hogares y los centros de trabajo.
Asimismo, en el tema de la calidad del aire, el gobernador declaró e implementó su “impuesto verde” hace 17 meses. El cual dije en su momento que de ninguna manera buscaría reducir la contaminación, sino cobrar a algunas empresas para que puedan contaminar.
A más de un año de la creación de este “impuesto verde” que tanto presumió el gobernador Samuel García, no solamente no se ha reducido la contaminación, ha aumentado exponencialmente y como consecuencia, los costos de la construcción también aumentaron.
Todos estos temas tienen causas multifactoriales, entre las que están la incompetencia, falta de planeación estratégica, distracciones de índole electoral, así como conflictos de interés entre algunos empresarios y el Gobierno. Pero también existe una muy importante, que es la falta de acuerdos y trabajo coordinado entre el Congreso de NL y el gobernador.
Es por esto que, de acuerdo a las facultades exclusivas del Senado de intervenir y mediar cuando se suscite una crisis entre poderes de un mismo Estado (Artículo 76 fracción VI), que apoyé la solicitud de un grupo ciudadano para que se establezca una Comisión Especial de senadores que intervenga. Esto golpeó los egos de algunos diputados locales, que han salido a declarar que no necesitan injerencias externas. Juzgando por su incompetencia y los resultados de sus gestiones, por el bien de las y los nuevoleoneses, claro que la necesitan y urgentemente.
