Estamos ya en el “Año de Hidalgo”, y el actual gobierno parece tener prisa por terminar de cumplir todas las promesas que pueda.
Algunas tienen que ver con la ciencia y la tecnología, y aunque una de las más importantes quedará olvidada —elevar la inversión en este rubro a 1 por ciento del producto interno bruto—, el presidente Peña Nieto acaba de presentar al Senado, el 5 de abril, una interesante iniciativa para modificar la Ley de Ciencia y Tecnología.
Los principales objetivos de la iniciativa son proteger a este sector —y en particular al Conacyt— de los vaivenes sexenales que han impedido la continuidad y el avance sostenido. Y, por otra parte, avanzar en la creación de una verdadera política de Estado en ciencia, tecnología e innovación.
¿Por qué es importante esto? Porque, a pesar de que desde la creación del Conacyt, en 1970, el apoyo a las actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico comenzó a recibir más reconocimiento y apoyo desde el gobierno, y a ser coordinado de manera más eficaz, aún no hemos logrado, como país, definir un rumbo y mantener una serie de proyectos con visión de largo plazo para ayudar a que nuestra nación desarrolle su potencial científico, tecnológico e industrial.
Tampoco hemos logrado que los gobiernos se apoyen en la ciencia y la tecnología para plantear políticas para abordar problemas sociales, ambientales o de salud, nuevamente con visión de largo plazo: hasta el momento todos los programas y proyectos suelen tener una duración de cinco años o menos, y no tienen garantía de continuar con los cambios de gobierno.
La iniciativa de Peña Nieto, que retoma propuestas del Conacyt y de la comunidad científica, plantea siete líneas de desarrollo, que incluyen la planeación transexenal; el fortalecimiento de los Centros Públicos de Investigación del Conacyt (incluyendo que sus miembros sean considerados académicos, y no burócratas, y puedan beneficiarse de parte de las ganancias generadas por sus desarrollos tecnológicos); el fortalecimiento del Conacyt, para que su director no pueda ser un burócrata, sino un académico reconocido, y del Consejo Consultivo Científico y Tecnológico, para que atienda no solo a la Presidencia, sino a los tres Poderes; la creación de un consejo de 20 asesores científicos para el Presidente, nombrados por el Conacyt; y finalmente mayor transparencia en el manejo de fondos y mayor apertura en la información generada por el Sistema de Ciencia y Tecnología.
Aunque ya han surgido voces críticas del proyecto, creo que en principio promete ser útil y valioso, y conviene analizarlo con detalle. Ya lo están haciendo, “de manera urgente” —aunque espero que no al vapor— las comisiones de Ciencia y Tecnología y de Educación del Senado, con el fin de aprobarlo antes de que termine el actual periodo de sesiones, el próximo 30 de abril.
Termino estas líneas para entregarlas a la redacción mientras me preparo para asistir a la Marcha por la Ciencia, cuya asistencia espero sea muy nutrida. Uno de sus lemas, “sin ciencia no hay futuro”, me parece hoy más certero que nunca.
Quizá la iniciativa presentada al Senado sea tardía, y probablemente sea imperfecta. Siempre se podrá mejorar. Lo que no se puede negar es que es un paso en el rumbo correcto. Y eso nunca está mal.
Dirección General de Divulgación de la Ciencia, UNAM
