Ochenta candidatos asesinados, campañas de odio, impedir la realización de eventos, spots con mensajes machistas y, en general, un clima de incertidumbre política han caracterizado al último proceso electoral. Contemplemos, por una parte, que estas elecciones son de las más grandes y reñidas de la historia de México (si es que las más); pero por otra parte, también son las más fiscalizadas, observadas y con la mayor participación que ha habido. Entonces, ¿la violencia es un "mal necesario" de los procesos electorales?
En alguna ocasión mencioné en este mismo espacio que la violencia tiene consecuencias concéntricas, que van abarcando esferas cada vez más amplias de nuestra vida. Esto aplica también para la política. La violencia política (que incluye la violencia política de género) es un fenómeno que hemos dejado crecer, tanto quienes buscamos un espacio en la política, como quienes ya están en la toma de decisiones, y también como ciudadanos. Sí, es innegable que los grupos del crimen organizado ahora juegan un papel también en la ecuación de las elecciones, pero no podemos delegar toda la responsabilidad del fenómeno.
Es cierto: las campañas electorales nos provocan emociones y causan reacciones que van más allá de lo tangible y de la finalidad de las mismas. Es un periodo en el que los diferentes actores muestran el trabajo realizado y las carencias del contrincante. Esto es normal y en todas las democracias modernas existen estas dinámicas. También es cierto que son el momento propicio para poder medir qué tan fuerte son nuestras instituciones, tanto de gobierno, como autónomas, para poder moderar y nivelar la presión causada por estos procesos. Entonces, es solo natural que las campañas electorales también sean un termómetro social, que además de medir las preferencias, pongan sobre la mesa las aspiraciones, no solo de quienes compiten, sino de los que votan.
La legislación en materia electoral con la que contamos actualmente establece cada vez más candados y parámetros para medir qué es materia penal y qué es sancionable. No obstante, las normas y leyes pueden son perfectibles, y las formas de violencia son cada vez más sofisticadas y complicadas de evidenciar, de denunciar y sancionar. Así como la sociedad se va transformando, a un ritmo acelerado, es justo apuntar que esto pone en desventaja a los procesos institucionales que son más lentos o burocráticos.
En otro sentido, tradicionalmente el foco de la violencia política es el contrincante o la fuerza antagónica política. Sin embargo, eso también está dejando estragos en la organización social (familiar, vecinal, laboral, etcétera) y en cómo perciben los ciudadanos el ejercicio de la política.
He sido víctima de esta violencia y he sido testigo de la misma como ciudadana. Desde ambas trincheras rechazo toda forma de violencia política que incluye, en primer lugar, la que se ejerce contra muchas mujeres que queremos llegar a puestos de representación; en segundo lugar, de la difamación y la calumnia, que es una de las formas más generalizadas de esta violencia. Finalmente y sobre todo, me apena y rechazo la violencia que ha generado muerte, lesiones, pérdida del patrimonio o de la seguridad personal de las personas que se dedican a la política.
Pero también rechazo que existan personas que señalen al político "generalizando- como alguien que se "merece" se víctima de la violencia solo por pertenecer o comulgar con alguna ideología política, por tener más o menos influencia o posibilidades de voto, y por su sola vocación. Ningún ciudadano en México se merece ser víctima de la violencia; incluso los que cometen infracciones o delitos, ya que para eso existen las instituciones que sancionan o imponen las penas.
Desde aquí invito a ver este fenómeno como uno de urgencia, dentro del que todos somos vulnerables y que afecta también a ciudadanos ajenos al ejercicio político. Elevemos el nivel de las elecciones, México lo necesita.
