El encarecimiento de la gasolina es para el gobierno de Enrique Peña Nieto un triple reto de equilibrio en las finanzas públicas, la economía de las familias y su capacidad de cohesión entre los sectores empresarial, obrero, campesino y social.
A este gobierno le toca la difícil tarea de abandonar el esquema de precio artificial (o subsidiado, como usted prefiera) de la gasolina.
Ese venía siendo un pendiente histórico, que cada vez se hizo más difícil de patear hacia delante.
La última advertencia la hizo la agencia calificadora Fitch al colocar en perspectiva negativa la deuda soberana; previamente lo habían hecho Moody’s y Standard and Poor’s.
México está obligado a reducir su deuda y la velocidad con que ha venido creciendo y a reducir el déficit público. En este objetivo, el subsidio a la gasolina de 200 mil millones de pesos es clave.
Esa cantidad representa 2.5 veces lo que el gobierno gasta en el programa Prospera; la mitad de lo que gasta el IMSS en un año ó 100 veces lo que se gasta en el programa de leche en el programa de abasto social de Diconsa.
El presidente Peña Nieto en su mensaje más reciente, mencionó que en el sexenio de Felipe Calderón el subsidio a la gasolina quemó 1 billón de pesos.
Por eso había de dos sopas o eliminar el subsidio a las gasolinas (que beneficia predominantemente a los más ricos) o reducir en la misma proporción el gasto en programas de salud, sociales o educativos entre otros.
El gobierno decidió reducir la tarifa del Impuesto Especial a Productos y Servicios (IEPS), en poco más de un peso y dejará de recibir alrededor de 45 mil millones de pesos.
El gobierno tiene que restaurar el equilibrio en las finanzas públicas y evitar la degradación en las calificaciones de la deuda soberana por parte de las agencias calificadoras.
Ante las protestas y el inminente pico alcista en la inflación, tiene que preservar el equilibrio en las finanzas de las familias, mediante un esfuerzo de concertación de esfuerzos de empresarios y trabajadores.
Al tiempo.
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