Si bien es cierto que los fondos públicos con los que el gobierno federal contemplaba ejecutar acciones que buscarán la solvencia de profesionistas o bien, la salvaguarda de un estado o municipio que había enfrentado daños en un fenómeno natural, la realidad es que muchos cientos de millones de pesos destinados para un fin benéfico fueron distraídos o mal utilizados por algunos gobernantes.
Y es que el conflicto que México ha enfrentado siempre, su gente, es la gran corrupción que ha sido parte esencial de nuestro desarrollo, de nuestra idiosincrasia. Quizá una aprobación de legisladores federales para enmendar el camino hoy puede implicar también una mala decisión que podría originar más burocratismo o también, la falta de una toma de soluciones o de atenciones de primera necesidad, acorde a los momentos de apremio que viviríamos en un futuro no muy lejano.
Para nadie es desconocido que hubo gobernadores que cuando sus entidades enfrentaron desgracias y pérdidas por la aparición de fenómenos naturales, como inundaciones, terremotos, etcétera, muchos de ellos malutilizaron los fondos públicos que existían por ejemplo en el Fonden (Fondo Nacional de Desastres Naturales) y que tenían un objetivo común y final: la ayuda inmediata a la ciudadanía afectada.
Empero, ex mandatarios como Roberto Borge Angulo, de Quintana Roo, aprovecharon ese dinero para el pago de algún adeudo que tenía su administración o bien, para engordar aún más su repleta billetera.
De ahí que, por decreto, el Jefe del Ejecutivo federal Andrés Manuel López Obrador pugnara porque sus fieles discípulos integrantes de Morena en el Congreso de la Unión levantaran el índice para aprobar ayer lo que podría significar el nuevo largo andar conflictivo de millones de mexicanos que vivan los daños de un fenómeno natural.
Por supuesto que es buena y acertada la medida para cortarle las uñas a los gobernantes que hacen mal uso de los fondos públicos destinados a los connacionales en desgracia y se aprovechan de ese dinero que no les pertenece y lo usan de manera discrecional para su lucimiento muy personal.
La extinción de los 109 fondos y fideicomisos públicos para no ser malversados por algunos gobernantes y presidentes municipales, podría acarrear mayores conflictos de los que aún enfrentan varios millones de compatriotas, que por ejemplo, perdieron su casa o todo su patrimonio por la aparición de algún fenómeno natural.
Notas de Trascendencia
Y en el tema de negocios privados y mala aplicación de recursos públicos, el delegado de Fonatur en Quintana Roo, Raúl Bermúdez Arreola, ya ha sido denunciado ante el presidente López Obrador por los inquilinos de la Zona Hotelera de Cancún, ya que presuntamente ha utilizado la propia dependencia para su beneficio personal.
No es posible, dicen, que “a pesar de que se le han comprobado que no apoya a la ciudadanía que requiere de los servicios del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, sí burocratiza los permisos hasta 90 días cuando antes se otorgaban en un plazo no mayor a 72 horas”, y en apariencia sigue inamovible.
Se ha dicho que tras la denuncia de la ciudadanía de Cancún afectada por su mala administración ante el presidente de la República, se le practicará una auditoría para saber qué ha hecho de la dependencia ante los reclamos de hoteleros afectados, de constructores y desarrolladores que dependen de los permisos y aprobaciones ipso facto de esa dependencia, que enfrenta los embates del propio Bermudez Arreola.
