Las razones del incremento de la violencia deben rastrearse en la inestabilidad del mercado de sustancias ilícitas y las redes de vínculos de corrupción entre organizaciones criminales, autoridades policiacas y actores políticos. Uno de los factores principales que detonan la escalada de violencia, que durante décadas se mantuvo en niveles controlados, es la presencia de nuestras fuerzas armadas sin un marco jurídico en labores de competencia civil.
La violencia solo se exacerba bajo ciertas condiciones sociales y políticas o bajo una configuración particular de las relaciones de poder en la cual la corrupción es un elemento sustancial que elabora una compleja trama de indiferenciaciones miméticas entre organizaciones criminales e instituciones federales y estatales.
Pocos países ilustran de manera tan precisa la naturaleza radicalmente cambiante del panorama de seguridad como lo fue Colombia y actualmente México. Nuestra crisis nacional pone de relieve la relación causal entre las estructuras estatales debilitadas y la creciente inseguridad. El común denominador del conflicto violento radica en la dinámica en la cual el Estado mexicano está experimentando una crisis de gobernabilidad que fluctúa entre un serio deterioro y el colapso total en algunas regiones del país. El surgimiento de grupos de “autodefensas” es el resultado del nulo combate a la impunidad y los vínculos criminales entre autoridades y organizaciones delictivas. La debilidad del Estado es la causa permisiva de su crisis de seguridad y el agravamiento de la situación se debe al deterioro progresivo en la última década y a la política de eludir enfrentamientos para evitar violaciones de derechos humanos.
La 4T está obligada a imponer orden en el desorden, ya que varios de los componentes del Estado exhiben debilidades significativas entre corrupción, ineficiencia, amén de ser excluyentes. El sistema político democrático no funciona en muchas jurisdicciones debido a amenazas y, por qué no, a terrorismo de delincuentes, y a nivel nacional es entorpecido por el clientelismo, la corrupción y la precaria responsabilidad pública.
El problema no se resuelve con diálogos sino con la estricta aplicación de la ley.
@GomezZalce
