Después de casi 8 años de empezar a trazar el camino hacia la seguridad vial en México, las y los distintos colectivos, activistas, asociaciones civiles, madres, padres y familiares de las víctimas de siniestros de tránsito, lograron su cometido: se aprobó la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial (Ley Movilidad Segura).
En espera de que en los próximos días el Ejecutivo publique la “Ley Movilidad Segura” en el Diario Oficial de la Federación (DOF), luego de ser aprobada por unanimidad en el Senado de la República y de haber pasado por la Cámara de Diputados, según corresponde el proceso, esta nueva ley indica un gran avance en materia de Derechos Humanos –como el Derecho a la ciudad, a un ambiente sano y los derechos peatonales, principalmente– para lograr ciudades más dignas, humanas y accesibles desde un enfoque sistémico, a través de la visión cero.
A partir de su publicación será más probable que en México se logren intensificar los esfuerzos para evitar y/o erradicar las principales causas que ocasionan los siniestros viales y con ello, disminuir las muertes y lesiones graves a consecuencia de estos sucesos.
Algunos de los puntos más relevantes que contemplará la nueva Ley son, que las Entidades Federativas deberán adecuar sus legislaciones para contar con leyes estatales de movilidad y seguridad vial que integren beneficios económicos, ambientales y sociales; la Ley Movilidad Segura pone al país en el camino para el cumplimiento de los compromisos con el Plan Mundial para el Segundo Decenio de Acción Global para la Seguridad Vial 2021-2030, ya que incluye la visión cero para reducir a cero las muertes por accidentes de tránsito.
El que se trata de una Ley desarrollada con base en una visión feminista, ya que promueve la equidad, mediante estrategias para mejorar y facilitar el acceso de las mujeres a los sistemas de movilidad de acuerdo a sus necesidades, y erradicar las violencias que vivimos en el espacio público, así como también, busca disminuir los impactos negativos a la salud y al medio ambiente con ciudades y asentamientos humanos más seguros, inclusivos y sostenibles.
Sin embargo, no todo es “miel sobre hojuelas” ya que, si bien se logró conseguir que las y los mexicanos podamos contar con una ley que promueva salvaguardarnos en la vía pública como usuarios de la misma, esta será publicada sin incluir el que la industria automotriz se responsabilice de crear vehículos más seguros.
Lo anterior, gracias a que algunos Diputados cedieron a las presiones del sector automotriz para evitar que la Ley contemplara los artículos donde se veían obligados a mejorar los estándares de seguridad de los vehículos creados y comercializados en México, así como el seguro obligatorio, y dejar el tema en la Norma Oficial Mexicana 194, la cual se encuentra en discusión.
Sin duda alguna, la deuda con las más de 26 mil víctimas que perdemos al año en las calles a causa de la inseguridad vial y sus familias, sigue siendo tan grande que no debemos permitir que sea ignorada u olvidada, ni por la industria automotriz, ni por las autoridades de todos los niveles de gobierno en el país.
Esperemos que se terminen de poner los puntos sobre las íes, y que podamos avanzar completamente en el tema, logrando que la industria automotriz se comprometa a abonar en el tema, y que la ley también sirva para que el país pueda contar con calles dignas para todas las personas, sin importar el medio en el que se muevan y no sea solo un avance para quedarnos estancados otra década más, esperando a que la seguridad vial se resuelva culpando a las y los usuarios de la vía pública.
