El reciente informe sobre medición de pobreza en México, del Consejo Nacional de Evaluación de Política Social (Coneval) recién publicado el día jueves 10 de agosto nos pone sobre la mesa un par de temas que se interrelacionan entre sí: la necesidad de seguir combatiendo los problemas esenciales que afectan al país; y la importancia de adecuadas políticas sociales que vayan encaminadas a lograr lo anterior.
Los números, en apariencia, son alentadores. Entre lo positivo resalta que 5.1 millones de personas salieron de la pobreza respecto a 2018. Podríamos destacar la política salarial en este sexenio, encaminada fortalecer el bolsillo de los consumidores que se ubican en el sector más afectado históricamente, pero también a factores externos como la inflación que no terminó de golpear a nuestro país como sí lo hizo, por ejemplo, con nuestros vecinos del norte.
Ahora bien, existen dos caras: la negativa muestra cómo las carencias sociales han aumentado durante este sexenio en un 3 por ciento, lo que equivale a 5.2 millones de ciudadanos mexicanos, siendo el acceso a los servicios de salud el indicador que más sobresale pues aumentó en un 23 por ciento. Aquí destaca la política frustrada del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) que finalmente desapareció en mayo, dejando a la deriva a millones de mexicanos que, ante la incertidumbre, han tenido que pagar de su bolsa la atención médica que requieren.
El informe de Coneval pone sobre la mesa la realidad del país, que debe ser debatida de manera crítica y consciente, entendiendo que, si bien las políticas sociales que se han implementado en este sexenio pueden ser positivas para los sectores de la población más desfavorecidos, estas también pueden y han afectado a los mismos debido a factores como el mal diseño de las mismas, los intereses de actores involucrados, o simplemente por querer modificar de raíz aquello que funcionaba medianamente bien.
Como ciudadanos, nos han inculcado que todo gobierno establecido a partir de los principios democráticos tiene el propósito de cumplir con determinadas obligaciones. Si bien, el papel de nuestros gobernantes cambia constantemente con el paso de los años, hay elementos dentro de su competencia que no son objeto de discusión: proveer a la sociedad de los servicios básicos para vivir una vida digna; redistribuir los impuestos de manera justa; otorgar seguridad social y pública, por nombrar algunos, y como tal, nos toca vigilar que las decisiones y acciones que se tomen estén encaminadas a cumplirlos.
Nos leemos la siguiente semana, y recuerda luchar, luchar siempre, pero siempre luchar desde espacios más informados, que construyen realidades menos desiguales y pacíficas.
