La familia asegura que había denunciado al menos 15 veces. Ahora ella está muerta. Esa tarde irían juntos a recoger a su hija y la llevarían al cine. Pero él llegó a la escuela ya solo. Abandonó el cadáver de su mujer en la casa donde ella se había instalado para tomar distancia. Le entregaron a la niña y huyó.
Hay rastro de una denuncia en 2017, en la entonces Procuraduría del estado. Pero, según los dictámenes periciales, no había daño. Ahí quedó la cosa.
Y de los vecinos proviene el testimonio de que hace menos de un mes, a pocos días de que ella se mudara con su hija cerca de sus padres, llegó la policía y lo detuvo a él, su pareja, por agresiones. Lo dejaron ir.
Después de la emisión de una Alerta Amber, la niña fue hallada junto con su padre. Él fue finalmente detenido en Coahuila. Todo esto, que sucedió en la zona metropolitana de Monterrey, es solo uno de cientos de ejemplos. Suceden en Nuevo León y en todo el país. Suceden todos los días.
Se podrá decir que las denuncias no fueron tantas como dicen o no fueron hechas donde se debían hacer. Pero es irrelevante. El punto es que la maquinaria institucional está por completo atascada en cuanto a temas de violencia contra las mujeres.
No son solamente los crímenes directos de abuso de policías contra mujeres, sino también el de no atender las denuncias o las quejas porque son incapaces de ver un daño psicológico o porque opinan con el hígado que el género femenino no goza de credibilidad... O porque el tema les parece complicado y difícil de tratar.
Uno de los factores de riesgo de violencia contra las mujeres es el escaso apoyo institucional. La investigadora Irene Casique añade también la existencia de ambientes donde existe una justificación social de la violencia, una ideología de roles de género, o donde la mujer tiene bajo poder de decisión y baja autonomía.
Nuevo León se mantiene entre los estados con mayor violencia contra las mujeres. Según los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de los 540 presuntos delitos de feminicidio cometidos de enero a julio en el país, 32 corresponden a este estado, el cuarto lugar solo después de Veracruz, Estado de México y Puebla.
En la zona metropolitana de Monterrey se ha declarado Alerta de Género desde 2016 en los municipios de Apodaca, Cadereyta, Guadalupe, Juárez y Monterrey mismo. Sin embargo, de los 32 feminicidios en lo que va del año, 14 se cometieron en estos municipios.
Uno se pregunta por qué no se ha declarado la Alerta de Género en el estado entero, claro. Pero sobre todo por qué no ha funcionado. La finalidad de “enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado” ha quedado muy lejos.
Sin duda, una de las respuestas es que las instituciones no han cumplido con su obligación de sensibilizar, capacitar y alertar a quienes reciben las denuncias y de enfrentar no solo el feminicidio, sino el ambiente de violencia de género en que el feminicidio se convierte en un extremo.
No solo es cuestión policiaca. Olga Sánchez Cordero dijo ayer que tratarán de generalizar en el país la experiencia de Puerta Violeta, un proyecto de protección, de apoyo y acompañamiento, que también está en Nuevo León. Ojalá.
