No hay razones para pensar que esta vez sea diferente. Tal vez solo porque el cántaro de la piñata se acaba debilitando a cada ronda. De nuevo El Bronco y su secretario de Gobierno, Manuel González, están en la puerta de las destituciones y la inhabilitación para la función pública.
Es la tercera vez que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pide al Congreso de Nuevo León que sancione al gobernador y al secretario, después de sentenciarlos por utilizar recursos públicos con el fin recolectar firmas para que el primero compitiera en la elección presidencial.
Ninguna ha procedido. La primera vez porque el Congreso, todavía en la Legislatura anterior, se hizo pato ante la complicación jurídica en que lo habían metido: no tiene atribuciones para sancionar al gobernador. Además, ya iban terminando...
La segunda vez, la Sala Regional Especializada urgió al Congreso. Aquello estaba olvidado y se lo recordaron con una fecha límite. Los diputados tendrían que sancionar y aplicar el castigo a más tardar en noviembre de 2019. Esta vez sí se armó. Ninguna bancada podía decir no a una sentencia de delito electoral. Y un asunto de este tamaño exigía una sanción ejemplar y a la vista de los votantes.
Pero si no podían decir no, tampoco podían decir cómo sí, en el caso que quisieran hacerlo. El Congreso se dividió primero y se paralizó después. Unos decían que solo tenían que acatar la sentencia del Tribunal. Otros, que tal cosa era ilegal. Que la única forma de proceder era mediante un juicio político. Pero eso no era acatar...
La Constitución del estado sí otorga al Congreso la facultad de llevar a cabo un juicio político contra el gobernador, pero claramente dice que “solo podrá ser acusado por traición a la patria y por delitos graves del orden común durante el ejercicio de su cargo”.
El delito de desvío de recursos por motivos electorales sí es un delito grave, pero no lo era en el momento en que se cometió.
Luego vino, para aderezar el asunto, un exhorto del Senado a los diputados. Acaten. Los juristas coincidían: en el laberinto en que está metido, cualquier cosa que decida el Congreso va a estar cerca de una aberración jurídica.
Mientras tanto, el gobernador y el secretario de Gobierno hicieron su tarea y recurrieron a la Suprema Corte. Días antes de la fecha límite la Corte dio entrada a una controversia y la sanción volvió a las carpetas. Los diputados respiraron...
Pero no acataron. Hace unos días, el TEPJF volvió al asunto. La Sala Superior pidió a la Sala Regional Especializada que terminara de resolver aquella sanción. Ésta volvió a poner fechas: “Se vincula al Congreso del estado de Nuevo León para que agote el procedimiento que inició y no ha terminado, a más tardar el 24 de abril de 2020”.
Además, por no sancionar al secretario de Gobierno se hace merecedor de una medida de apremio, una amonestación. Y en este caso, queda vinculado a “dictar y ejecutar” la sanción en la misma fecha. Notifíquese.
El senador Samuel García, aspirante a la gubernatura para 2021, ha sido el promotor tanto de la denuncia original como de los recordatorios y el que espera la medalla. La tercera no será la vencida para él. Al menos en el caso de El Bronco.
