Recientemente se vincularon a proceso diez personas trabajadoras del servicio público pertenecientes a la administración de Alejandro Sierra Tello del municipio de Mineral del Monte. Lo anterior por ejercicios de abuso de autoridad en agravio de tres personas defensoras y rescatistas de animales, quienes resultaron con lesiones, y por daño en propiedad privada en contra de un automóvil, hecho que sucedieron en el marco de una manifestación (como un derecho ciudadano) el pasado enero.
Si bien esto representa un logro a favor de quienes vivieron las agresiones, aún queda pendiente la atención al robo de 13 perros que se resguardaban en proceso de recuperación en el santuario Cuatro Patitas Un Corazón y el reconocimiento al riesgo al que se les expuso sin garantizarles el bienestar animal.
El maltrato animal en Hidalgo es delito, pero el aterrizaje de la legislación no ha sido exitoso en la cadena de autoridades que deben conocer la Ley de Protección y Trato Digno para los Animales. El caso de Negrito que la semana pasada se ha hecho viral en redes sociales es ejemplo de la ineficiencia en la atención a casos. La sociedad expresa su indignación y es sensible a la detección de casos de violencia contra animales, hace documentación y denuncia social recurriendo nuevamente a la manifestación para la exigencia de justicia.
Las autoridades de Tulancingo en un primer momento desestimaron que el video fuera grabado en el municipio y posteriormente, el presidente municipal Jorge Márquez Alvarado, declaró por sus redes haber encontrado al animal víctima del maltrato siendo nuevamente la sociedad civil, quien señaló que no se trataba del mismo perro.
Se puede asumir una buena intención detrás del suceso, pero es desafortunada la atención que se da tanto al caso como a la legislación.
Lol Canul
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