El pasado 20 de mayo se conmemoró el Día de las y los profesionales de la Psicología. Esta fecha suele pasar desapercibida en la agenda pública, aunque se trata de una profesión que sostiene precariamente los pilares psicoemocionales de una población desgastada por la desigualdad estructural.
Mientras algunas universidades felicitan a sus grupos egresados y otras instituciones realizan actividades simbólicas, la realidad golpea de forma cruda: tan solo un día antes, el 19 de mayo, en la ciudad de Pachuca se reportaron tres intentos de suicidio. Uno de ellos, lamentablemente, terminó con la vida de un adolescente.
Los datos del INEGI revelan datos alarmantes en los suicidios registrados en Hidalgo: en 2022 fueron 123, en 2023 la cifra subió a 203, en 2024 sumaron 126 casos. Cada número representa más que eso, se trata de la vida de una persona, su historia truncada y su red afectiva impactada. Y también pone en evidencia una ausencia en el acompañamiento y prevención: la de los sistemas de salud.
En la entidad no existen cifras claras sobre cuántas personas ejercen profesionalmente la psicología, ni sobre cuántas brindan atención en el sistema público de salud o en el sector privado. No sabemos en qué condiciones trabajan ni cuál es su alcance. Esta falta de información es problemática puesto que impide diseñar políticas públicas integrales, limita la posibilidad de articular redes de atención y, sobre todo, invisibiliza a quienes todos los días enfrentan afectaciones psicológicas en contextos de alta exigencia y baja protección.
Hace falta un sistema de salud mental comunitaria con enfoque de derechos humanos, con condiciones laborales dignas para quienes cuidan, con datos abiertos y con voluntad política real.
No se puede hablar de salud sin hablar de salud mental. No se puede hablar de salud mental sin hablar de justicia social. Y no se puede seguir conmemorando al personal profesional de la psicología sin garantizar condiciones para ejercer con dignidad, ética y compromiso colectivo.
