Después de la protesta del 8 de marzo en Pachuca, muchas de las conversaciones que circulan en las plataformas sociales insisten en una idea que se repite constantemente: las mujeres empezaron la violencia y, como ellas provocaron, está justificada la violencia que recibieron. Y entonces volvemos al mismo punto de siempre: señalar a las mujeres como las causantes del conflicto, como merecedoras de violencias y, en este nivel, invisibilizando la raíz del malestar que las llevó a salir a las calles.
Esta narrativa se sostiene sobre un concepto muy limitado y útil para el control de las narrativas hegemónicas de lo que entendemos por violencia. Quienes trabajamos desde hace años en la atención de las violencias sabemos que este no es un tema sencillo ni lineal, sino sumamente complejo. La violencia no es solo un acto aislado sino la conjugación de distintos factores, de un desequilibrio de poder sostenido en el tiempo y con implicaciones en lo estructural y en lo sistémico. No es equiparable la fuerza de un grupo de mujeres con la de un cuerpo policial entrenado, institucional, armado y legitimado el uso de ella.
El discurso que justifica los ejercicios de violencia no es nuevo, es el mismo que opera en otros niveles de análisis. Es el mismo que, en las relaciones cotidianas, responsabiliza a las mujeres por “provocar” a los hombres (a su padre, a su esposo, a su jefe…) y entiende la violencia como una respuesta merecida y, por lo tanto, la normaliza. Es el mismo discurso que se escucha detrás de los “algo habrá hecho”, “se lo buscó” o “pero ella también lo violentó”.
Justificar la violencia es apenas una señal de haberla normalizado y es parte del problema que tenemos como sociedad, porque implica aceptarla como un elemento de nuestra vida cotidiana. Para erradicarla debemos cuestionar también los discursos que la sostienen en todos los niveles, tanto interpersonal como en las instituciones.
